CCM: “La voracidad fiscal castiga al ciudadano común”

CCM: “La voracidad fiscal castiga al ciudadano común”

Desde el año 2019, empezó un proceso de dolarización informal o de hecho en la economía venezolana, el cual ha permitido ralentizar la hiperinflación y dinamizar las transacciones comerciales. Dicha dolarización transaccional, ha ayudado a estabilizar la situación económica e incluso, permitir cierto ahorro mediante la apertura de cuentas denominadas en dólares en la banca nacional. Esta realidad, junto con el descenso del encaje legal, el cual persigue la reactivación del crédito, abonan el terreno para que la economía pueda crecer. Sin embargo, toda posibilidad de crecimiento, está ahora en peligro ante las nuevas medidas tributarias que el Gobierno Nacional busca implementar.

La Asamblea Nacional (AN) aprobó el pasado jueves 03 de febrero y en segunda discusión, la reforma a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (LIGTF). Dicha reforma, busca pechar con un impuesto a todas las operaciones comerciales (compra-venta) o financieras (débitos bancarios) que se lleven a cabo en Venezuela con moneda extranjera, o con criptomonedas distintas al Petro. Este impuesto deberá ser pagado tanto por las personas naturales como jurídicas al momento de realizar compras en cualquier empresa considerada sujetos pasivos especiales, tales como los supermercados, clínicas, comercios y demás empresas clasificadas como contribuyentes especiales por el SENIAT, o al realizar débitos o retiros en sus cuentas denominadas en dólares, mantenidas en la banca nacional.

Si bien este impuesto comienza con una tasa del 2,5%, el Ejecutivo Nacional tiene la potestad de llevarlo eventualmente hasta un 20%, dependiendo de la naturaleza de la transacción. La discrecionalidad del Gobierno para fijar una tasa significativamente más alta en cualquier momento, genera más inseguridad e incertidumbre, atentando contra la inversión privada. Este nuevo impuesto se sumaría ahora al alto costo de los combustibles, y al exagerado aumento en las tasas de registros y notarías.

Ante esta situación, la Cámara de Comercio de Maracaibo alerta públicamente lo siguiente:

El artículo 211 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) señala claramente que la reforma de la LIGTF debe tener una real fase de discusión pública en la asamblea, que hubiese servido de escenario para que el sector empresarial nacional hiciese todas las observaciones del caso.

Este impuesto es de naturaleza regresiva, ya que pecha a todos por igual sin tomar en cuenta la capacidad contributiva del sujeto. Asimismo, se paga independientemente de que la empresa haya tenido ganancias o pérdidas.

Siendo el Bolívar la única unidad monetaria de Venezuela (Art. 318 de la CRBV), es debatible la intención de gravar transacciones con otras monedas diferentes al Bolívar.
El cobro de este nuevo impuesto impactará negativamente sobre los esfuerzos que ha hecho el ciudadano común para proteger sus ingresos.
Este impuesto, tal y como está concebido, se traduce en más costos para las empresas, los cuales terminan por generar mayor inflación y, por ende, menor crecimiento económico.

Venezuela tiene hoy en día una dolarización transaccional que ha permitido a los consumidores, proteger su poder de compra; a los trabajadores, proteger el valor de su salario y de sus ahorros; y a las empresas, poder adquirir materia prima, insumos y cobrar por los bienes y servicios sin temor a descapitalizarse. En nuestra institución, no tenemos dudas de que la dolarización transaccional de la economía, ha sido una medida fundamental para poner freno a la contracción económica. Sin embargo, consideramos que este nuevo impuesto va a limitar aún más el flujo de caja de las compañías, estableciendo un nuevo obstáculo a cualquier potencial crecimiento.

Si con este impuesto el Gobierno Nacional quiere fortalecer sus ingresos por las transacciones en divisas, hay que recordar que hoy en día, cuando el consumidor paga en dólares al comercio, este emite una factura en donde, salvo productos exentos, se genera tanto un IVA (16%) como una incidencia en la recaudación del ISLR. Por lo tanto, en vez de promover nuevos impuestos, se debe trabajar en optimizar la recaudación de los ya existentes.

Las empresas nacionales que hoy enfrentan a la competencia desleal de productos importados que no pagan impuestos ni aranceles, tendrán ahora un nuevo impedimento que las obliga a incrementar el precio de sus productos, haciéndolas menos competitivas. Este nuevo impuesto beneficia indirectamente a quienes hoy no pagan impuestos y operan al margen de la Ley. La informalidad de la economía nacional seguirá creciendo, perjudicando al final la recaudación tanto del SENIAT como de las Alcaldías.

Finalmente, más que buscar aumentar la recaudación fiscal en este momento, el Ejecutivo Nacional debe tener como prioridad establecer incentivos a la economía para buscar el crecimiento económico de la mano del sector privado. De allí que se deben facilitar las transacciones en divisas mediante el establecimiento de una cámara de compensación en dólares y permitir las transferencias de divisas entre la cuenta custodia en dólares de un banco a otro.

Por lo tanto, la Cámara de Comercio de Maracaibo objeta la aplicación de este nuevo impuesto tal y como está concebido, y hace un llamado tanto al Gobierno Nacional como a la Asamblea Nacional, a retomar la discusión pública con participación del sector empresarial representado en FEDECAMARAS, a los fines de hacer observaciones y propuestas económicas consensuadas sobre la LIGTF, que minimicen el impacto de la misma sobre el ciudadano y no ponga en riesgo la posibilidad de una reactivación económica.

Nota de prensa

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Fedecámaras Bolívar pide modificación de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras

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Fedecámaras Bolívar, en nombre del sector empresarial del estado, pide la modificación de la reciente Ley de Impuestos a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) aprobada por la Asamblea Nacional, con la idea de que no afecte al ciudadano común en sus transacciones.

“Queremos resaltar la necesidad de que el Ejecutivo revise esta nueva ley y excluya a las personas naturales porque se estaría afectando a las personas de menos recursos en sus compras básicas, eso ocasionaría una menor capacidad de compra”, expresó el presidente del gremio, Austerio González.

La nueva ley establece altos porcentajes para fijar las tasas de impuesto en monedas distintas al bolívar, los porcentajes podrían oscilar del 2 al 20% en las transacciones en divisas o criptomonedas.

El líder gremial insistió en que hay que reducir el impacto que pueda tener el IGTF contra el consumidor, ya que generaría de por sí un incremento en los precios en toda la cadena de producción, distribución y comercio.

González recordó que diciembre de 2021 cerró con una caída del consumo de un 40% en Bolívar, comparado con diciembre de 2020, por lo que esta nueva ley afectaría aún más el poder adquisitivo de las personas naturales y la venta de los comercios.

“Se tiene el temor que acelere el traslado de las empresas a la informalidad, por eso el llamado a que se revise esta nueva ley y se adecúe a la condición del venezolano. Es fundamental que no peche tanto a las empresas porque están en un proceso de recuperación y más en el estado Bolívar”

Freno al desarrollo económico

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) manifestó, en un comunicado, su preocupación ante la nueva ley de IGTF al constituir “un freno al desarrollo económico”.

En rueda de prensa, el presidente de Fedecámaras nacional, Carlos Fernández, señaló que aspiran que haya reconsideraciones de esta ley. “Creemos que esta ley debe ser revisada y solicitamos un espacio para hacer nuestros planteamientos”, añadió.

Además, el gremio cuestionó la ausencia de consulta tripartita para la aprobación de dicha ley. “La adopción de este tipo de medidas, que tienen tan alto impacto en el desenvolvimiento de la economía, de las empresas, de los empleos y en el ejercicio de las libertades ciudadanas, deben ser ampliamente discutidas en la sociedad para garantizar un rumbo de crecimiento económico estable”, expresaron en el comunicado.

En el documento Fedecámaras resaltó un listado de las dificultades que causa la nueva ley, entre los principales, que extiende el gravamen a nuevos contribuyentes, que genera incertidumbre a los ciudadanos que padecerán un incrementó en el costo de sus transacciones en divisas, y desincentiva la inversión, al generar una “merma patrimonial no justificada en la producción de riqueza”.

Fernández agregó que de querer recuperarse la confianza en el bolívar para las transacciones y compras en el país, se necesitará de tiempo y políticas monetarias a largo plazo, muy distintas a la ley IGTF.

“El llamado de Fedecámaras a los Poderes Públicos es al encuentro, a buscar soluciones en conjunto, incorporando, sin demora, la participación activa del sector privado como factor fundamental del desarrollo y progreso social de nuestro país”, finaliza el comunicado.

Nota de prensa

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Vargas| La tasa de desempleo en el estado asciende al 70%

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Eduardo Quintana, coordinador de Fedecámaras Vargas, aseguró que la mayor motivación laboral era la actividad portuaria pero debido a la situación muchas personas han tenido que abandonarlo y se registra una tasa de desempleo de un 70%.

En el año 1999 se tenía registrado alrededor de mil 200 operadores portuarios pero actualmente la cifra ronda los 100 operadores.

Comercio en el estado Vargas

Un 30% de los comercios en el estado Vargas tienen sus puertas cerradas, sin embargo algunos comerciantes están intentando levantar la santamaría durante estos dos últimos meses del año.

Los bajos ingresos actuales no permiten que los consumidores puedan acceder a los productos afectando de manera directa a los comerciantes.

El gremialista consideró que el sistema de 7 +7 es una medida que deterioró tanto a la economía del país, como al comercio y a las personas.

Impuestos y servicios

Quintana indicó que en Vargas se han creado impuestos y tasas de servicios paralelos o parafiscales que no están contemplados dentro de otros estados, por consiguiente los servicios están acabando con los pequeños comercios.

“Una cosa es aseo urbano pero el relleno sanitario es otra cosa, este es mortal para el efecto económico para los pequeños, medianos y pueden ser también para los grandes comerciantes”

Agregó que además de pagar estos servicios deben costear unos impuestos colocados por la alcaldía y la gobernación del estado para hacer uso de los contenedores que salen de los puertos, así mismo tienen otro costo el cual es, la desinfección de los contenedores.

“Es muy dramática toda la situación en cuanto a los impuestos”

En entrevista para Fedecámaras Radio, el coordinador de Fedecámaras Vargas manifestó que el puerto del estado se encuentra en un muy bajo uso por la poca llegada de barcos pero que, se está reactivando la actividad nuevamente.

“Al puerto llega uno o dos barcos por semana o cada 15 días, signo de que la situación está bastante deteriorada”

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Desde la llegada del Covid-19 a Venezuela, el pasado 13 de marzo del año 2020, la actividad económica ha disminuido por las restricciones laborales que sufren las empresas del país. En medio de la crisis sanitaria, el sector privado no ha contado con políticas económicas eficientes que contribuyan a superar la coyuntura.  Al mismo tiempo, han tenido que afrontar el incremento desproporcionado de los impuestos municipales y de aseo urbano.

Tiziana Polesel, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, aseguró que “entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 los impuestos municipales aumentaron en algunas alcaldías de 0,35 por ciento a 4,50 por ciento sobre los ingresos brutos, eso equivale a 1.285 por ciento. En otras alcaldías del país el aumento fue 0,50 por ciento a 6,00 por ciento igual a 1.200 por ciento, o de 0,30 por ciento a 4, 00 por ciento, que corresponde a un incremento de 1.330 por ciento”.

Polesel afirmó que muchas empresas no han podido cancelar sus obligaciones y han sido penalizadas por pagos extemporáneos y en algunos casos han recibido medidas de embargo.

«Algunos negocios solo trabajan 14 días al mes, además le sumamos la baja facturación. El pago de los impuestos exacerbados compromete al sector y los márgenes de ganancia son muy estrechos, cuando los hay.  Por ello, es fundamental que se suspendan las multas generadas en el año de pandemia, y se establezcan costos coherentes”

En referencia al aseo urbano la dirigente gremial explicó que hace 25 años el servicio lo pagaba directamente el Estado, luego los municipios y concejos municipales. Después se creó la Ley de Concesiones, que permitió que las tarifas fuesen cobradas a los usuarios. En la actualidad las alcaldías establecen cómo se distribuirá el pago del servicio de aseo urbano, el porcentaje que se debe cargar al sector comercial y al residencial.

La representante de la cúpula del Comercio y los Servicios presentó un cuadro comparativo con dos países: Canadá y España del costo de la recolección de los desechos sólidos en relación a los ingresos brutos. Se tomó como muestra un negocio con características similares: número de trabajadores, tipo negocio, cantidad y calidad de desechos, ubicados en la capital del país y operan con los mismos estándares de auditoría y supervisión.

País

Costo Promedio

Toronto-Canadá

0,66%

Madrid-España

0,42%

Caracas-Venezuela

Venezuela antes de la pandemia era 8% y en este momento alcanza 22%

En enero de2020, en Venezuela las empresas pagábamos el 1.200 por ciento de aseo urbano más que en Toronto. En enero de 2021, en nuestro país gastábamos el 3.000 por ciento por encima de Toronto. En algunas ciudades del interior estos costos pueden ser superiores a los de la capital.

 Para finalizar, la empresaria aseveró que está situación está afectando al comercio y a los prestadores de servicios porque muchas compañías prefieren cerrar o migrar hacia la informalidad, por la imposibilidad de cubrir todas sus obligaciones.

Nota de prensa

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Incremento de tarifas eléctricas pone en riesgo al sector productivo de Bolívar

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Fedecámaras Bolívar advirtió que el incremento de más de 3000% en las tarifas por el servicio eléctrico al sector productivo en la región promoverá el cierre de las empresas que se mantienen operativas durante la pandemia.

A través de un comunicado, la institución exhortó a las autoridades de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) a revisar los montos de facturación correspondientes a los tres últimos meses.

En ese sentido resaltan que el sector productivo en la entidad se encuentra trabajando a menos del 20% de su capacidad debido a la escasez de combustible, fallas en el suministro de electricidad, y altos tributos.

A lo anterior se le suman las restricciones en la movilidad decretadas por el ejecutivo nacional como parte del esquema 7+7 y la pérdida de poder adquisitivo de la moneda nacional.

“El sector productivo reconoce la necesidad de hacer un ajuste de la tarifa eléctrica, pero la misma debe adaptarse a la realidad económica del país y al estado de emergencia decretado por el gobierno nacional, producto del covid-19”, reza el texto.

A continuación, el comunicado íntegro de Fedecámaras Bolívar

Comunicado corpoelec 17-02-21

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