El sector empresarial alerta sobre compleja situación en registros y notarías

El sector empresarial alerta sobre compleja situación en registros y notarías

La situación que están pasando los venezolanos con el tema de los registros, las notarías y, últimamente con la obligatoriedad del registro de los extranjeros que quieran realizar alguna gestión ante esos entes es ciertamente una calamidad, no solo por lo engorroso, sino desde el punto de vista económico, social y hasta de violación de derechos humanos.

Ante la cantidad de denuncias y solicitudes de asesorías para confrontar esta situación, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, en la persona de Tiziana Polesel reunió a Leonardo Luis Palacios, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas; Enrique Madureri, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de la Construcción y a Roberto Orta, presidente la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, sectores muy afectados por la implantación de este registro de extranjeros y por lo complicados que se han vuelto los registros y las notarías.

Además de la difícil circunstancia que se venía confrontando en registros y notarías, en agosto de 2022, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, Saren, implantó el Registro para Extranjeros, en el que el ciudadano extranjero debe llenar un formulario a través de la web del Saren y el organismo, por la misma vía, lo habilita para la firma de cualquier tipo de documentos ante cualquier registro o notaría.

El grupo de empresarios, presentes en la rueda de prensa coincidió en que la actuación del servicio de registros y notarías viola los derechos humanos de las personas naturales y jurídicas, a las cuales los tratados internacionales en la materia les extienden su uso y goce. La esencia universal, progresiva, interdependiente, imprescriptible y la obligación de preservarlos son marginadas por la actuación de los registros y notarías.

Leonardo Luis Palacios, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas sostuvo que el sistema de registro y notarías es un servicio público tendiente a garantizar la seguridad jurídica y, por consiguiente, está condicionado a los principios de juridicidad que impone que toda actuación se someta al ordenamiento jurídico y no a la abierta discrecionalidad de los funcionarios. “Debe respetar y garantizar los derechos de los usuarios”.

“Los retardos indebidos, los rechazos irracionales, la existencia de formalidades no previstas en el ordenamiento jurídico atenta contra los derechos fundamentales de propiedad y disposición de elementos patrimoniales, que lo concretan”.

Agregó que no se puede dejar a un lado, el cobro excesivo, confiscatorio y discrecional de los derechos de registros por protocolización de documentos varios, esenciales para la certidumbre de las operaciones de los empresarios, uso y goce de los derechos fundamentales y la realización fluida de la intermediación financiera. “Circunstancia ésta, que conjuntamente con las habilitaciones indebidas y atípicas hace de los derechos y tasas, expresiones de tributación confiscatorias”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Enrique Madureri comentó que en la Ley de Registros y Notarías se incorporó el tabulador en el que se indexan las tarifas con el petro. “Es muy complicado, por cuanto hay más de 200 renglones de tarifas y por cada concepto agregan un costo adicional en el cálculo de la planilla, en la que se aplica la discrecionalidad del funcionario”. Citó el ejemplo de una tarifa de Asamblea de Accionistas de una empresa, en la que se aplica un porcentaje adicional por cada uno de los puntos que se tratan: de aprobación de Estados Financieros, balances, porcentaje por aumento de capital, por ratificación de la junta directiva, por comisario, por número de páginas, etc.

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela, señaló su presidente Roberto Orta, realizó una encuesta a más de 700 profesionales inmobiliarios, de los cuales, 65,8 por ciento ha tenido negociaciones inmobiliarias en la que están involucrados extranjeros. El 77,8 por ciento de esas operaciones es referido a negocios inmobiliarios de compraventa en registros públicos inmobiliarios.

El 60,7 por ciento de los extranjeros registrados no ha recibido respuesta y sus firmas se encuentran paralizadas y el 51,7 por ciento tiene entre uno y tres meses esperando respuesta por parte del organismo.

Apunto el presidente de la Cámara Inmobiliaria, que en la reforma de la Ley de Registro Público, de diciembre de 2021, el artículo 83 establece en su ordinal 7, que el derecho de procesamiento de documentos de ventas, bienes inmuebles y otros derechos para la constitución de sociedades en su ordinal C: “Mas de mil unidades petro (1.001 PTR) en adelante el 2 por ciento”. Es decir, se establece como máximo, el 2 por ciento, calculado sobre el precio de venta del inmueble.

Sin embargo, en la encuesta realizada por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela se reveló que en la realidad el cálculo de los aranceles oscila entre un 5 y un 40 por ciento del precio de venta, lo cual constituye un obstáculo y, en muchas oportunidades, impagables.

Tiziana Polesel en su condición de presidente de Consecomercio expresó que quienes le habían antecedido en la palabra eran dolientes y testigos directos. “Además de las adversidades que confrontan el mercado inmobiliario y la construcción, con estas medidas, contrarias al interés general, sus negocios están siendo afectados. Por una parte, -dijo-, si tienen que esperar tres o cuatro meses para lograr sus firmas, bien por el registro de extranjeros, como por las sumas, que arbitrariamente, colocan los funcionarios gubernamentales, vista la ausencia de créditos bancarios y la capacidad de compra limitada que existe en la actualidad, los usuarios se convierten en víctimas”.

Polesel pidió la revisión de la política de cálculos y el estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley de Registros y Notarías, a los efectos de que los usuarios paguen como máximo, el 2 por ciento del precio de compra del inmueble.

En cuanto al Registro de Extranjeros pidió que se considerara su eliminación, por cuanto como han señalado sus antecesores en la palabra, “la universalidad se ve afectada cuando se somete a los extranjeros a tratos discriminatorios referidos a exigencias extensas de documentación, retrasos indebidos e injustificables, lo cual viola los principios de celeridad, no discriminación y transparencia exigidos por el artículo 131 de la Constitución de la República”.

“Perdimos la oportunidad de tener una Ley de Notarías y Registros moderna, con tecnología digital y firmas no presenciales como hacen en algunos de nuestros países hermanos. Cuando todos en el mundo están en la digitalización con firmas online y documentos en la nube, complicamos y encarecemos el sistema antiguo”.

Nota de prensa

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51% de los venezolanos confían en el sector empresarial

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A propósito de la Encuesta Nacional Ómibus, Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, señaló que el sector empresarial es el mejor evaluado con un 51,5% junto a la Iglesia con un 52,5%.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, León resaltó que llama la atención que el apoyo popular al sector empresarial venezolano haya crecido en casi 10 puntos porcentuales entre agosto 2021 y febrero 2022 para ubicarse en el mismo nivel de la iglesia.

“Las razones que los encuestados esbozan para explicar su elevada conexión con el sector empresarial es el compromiso por Venezuela, la generación de inversión y empleo, su lucha por garantizar abastecimiento y pragmatismo del sector para mantener sus empresas y atender las necesidades de la población, más allá de la conflictividad política”

El presidente de Datanálisis recalcó que resulta evidente que cualquier propuesta de acción, negociación o cambio en Venezuela sería altamente beneficiada del respaldo y endoso de los dos sectores con mayor credibilidad y respaldo en el país por parte de la población: iglesia y el sector empresarial.

Asimismo, resaltó que el resultado más importante de la Encuesta Nacional de febrero sería el vacío que deja el liderazgo nacional y la desinstitucionalización del país es llenado por quienes la población percibe que la acompaña.

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Empresarios están decididos a invertir, pero aún desconfían del gobierno

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Caracas, 11.03.2021.- Los empresarios venezolanos están decididos a invertir para recuperar económicamente al país, pero exigen al gobierno más hechos que palabras. Hay que rescatar la confianza perdida. Aún existe mucha suspicacia y dudas respecto a las intenciones del gobierno.

Estas son algunas de las revelaciones emanadas del reciente estudio realizado por Fedecámaras y Datincorp para medir la percepción de los empresarios y miembros del sector privado de la economía respecto a la coyuntura económica y política de Venezuela. Asimismo, se investigó las expectativas de inversión privada a partir de este año (2021).

En la investigación fueron consultados 1.116 personas que se identificaron como empresarios afiliados a algún gremio empresarial. Se utilizó el método “bola de nieve” o en cadena para la selección de la muestra. El estudio no es probabilístico. El estudio se realizó del 5 al 12 de febrero de 2021.

En el estudio opinaron empresarios ubicados en todos los sectores de la economía, desde pequeños y medianos empresarios, hasta miembros clave de grandes empresas.

Siete conclusiones clave

  1. Los empresarios quieren invertir y piensan seguir en Venezuela a pesar de las adversidades.
  2. Los empresarios deben ser nuevos actores clave en un proceso de negociación.
  3. Desconfianza y Escepticismo ante el gobierno.
  4. Las sanciones no provocarán un cambio de gobierno.
  5. Negociaciones y Elecciones como vía para solucionar la crisis.
  6. Para invertir exigen absoluta paz social y política en el país, y un nuevo marco jurídico.
  7. Estarían dispuestos a invertir hasta en las áreas reservadas al estado.

Hallazgos relevantes:

EXPECTATIVAS PAÍS. El 39% de los empresarios consultados visualiza a Venezuela a partir de este año 2021, peor que los años anteriores; 29% dice que será igual, y 27% afirma que será mejor.

CAMBIO E INVERSIONES. EL 37% no va a esperar que las cosas cambien en Venezuela para volver a invertir y trabajar. Una cantidad similar (38%) aun duda si hacerlo o no. Sólo el 24% está totalmente decidido a no invertir y trabajar hasta que las cosas cambien en el país.

NUEVAS INVERSIONES Y OPERACIONES. El 50% dice que no hará nuevas inversiones, pero seguirá operando, aunque las condiciones sean adversas. Un 30% seguiría operando y hará nuevas inversiones sin hacer caso a las actuales condiciones del país.

PERSECUCIÓN GUBERNAMENTAL. El 42% cree factible que la persecución gubernamental del que se consideran víctimas muchos empresarios de Venezuela seguirá igual, mientras que el 32% considera que se incrementará.

DESCONFIANZA. El 82% de los empresarios considera que, de no satisfacer las exigencias políticas del gobierno, siguen corriendo el riesgo de perder sus negocios o su libertad.

SANCIONES INTERNACIONALES. El 64% considera que las actuales sanciones internacionales no provocarán un cambio de gobierno en Venezuela.

LA SALIDA. El 69% dice que una salida negociada y electoral es la vía más aconsejable para que haya un cambio político en el país. Un 64% está convencido que ésta es la vía más factible de darse.

NEGOCIACIONES. EL 82% sostiene que, en un escenario de negociaciones entre el chavismo y la oposición, y con respaldo internacional, el sector privado debe participar en esas negociaciones como un nuevo actor independiente.

FEDECÁMARAS. El 55% evalúa en términos positivos la gestión de Fedecámaras en la defensa de los intereses del empresariado venezolano, 28,41% regular y 12,28% negativa.

ENCUENTRO JORGE RODRIGUEZ – FEDECÁMARAS. El 51% no ve muy relevante y piensa que “es más de lo mismo”. EL 31% considera que sí fue altamente significativo y necesario el encuentro entre ambas instituciones.

ERROR. El 69% sostiene que fue un error que haya disminuido la presencia de sector privado en el país mientras se esperaba que las presiones internacionales provocaran un cambio político.

DESCONFIANZA EN EL GOBERNO. La mitad (51%) de los empresarios no confía en la promesa del gobierno de respetar las reglas de juego favorables a los empresarios siempre y cuando éstos no se involucren en actividades políticas.

ACTIVIDADES EN VENEZUELA. El 78% no cuestiona a quienes intentan o realizan actividades privadas en Venezuela.

DERECHO IRRENUNCIABLE. El 86% sostiene que “Venezuela también es mi país, y tener actividad económica en ella, gobierne quien gobierne, es un derecho irrenunciable”.

UN ERROR RENUNCIAR A VENEZUELA. El 66% dice que «A pesar de los riesgos y dificultades, es un error renunciar a trabajar en Venezuela y dejar los espacios a inversionistas extranjeros”.

LA CLAVE. El 70% afirma que «Los únicos que hoy pueden garantizar el capital que necesita Venezuela para su recuperación son los inversionistas privados».

CONDICIÓN 1 PARA INVERTIR. EL 84% sostiene que «La primera condición para que lleguen las inversiones privadas en gran escala a Venezuela es que exista paz social y política en el país».

CONDICIÓN 2 PARA INVERTIR. El 87% considera obligatorio que exista un nuevo marco jurídico que proteja a los empresarios como condición para invertir en Venezuela.

NUEVO SECTOR EMPRESARIAL. EL 66% cree que en Venezuela está surgiendo un nuevo sector empresarial, es decir, nuevos emprendedores que cada día están ocupando más espacios y se están fortaleciendo.

NUEVAS ACTIVIDADES EN EL PAÍS. El 53% dice que hay muchas actividades económicas en distintos lugares del país, que están moviéndose y creciendo con mucha fuerza actualmente. Sin embargo, el 58% sostiene que en la provincia este crecimiento es menor que el que se registra en Caracas.

INVERSIONES EN ÁREAS RESERVADAS AL ESTADO. El 67% considera que los empresarios venezolanos deben participar en las actividades reservadas al estado (petróleo, gas, minería, petroquímica y servicios).

El estudio realizado por Datincorp demuestra el interés y compromiso del sector empresarial con Venezuela y con su recuperación económica.

Aquí el estudio completo:DATINCORP-Estudio Percepción País-Febrero 2021

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Fedecámaras rechaza todo acto de violencia en nuestro país

Fedecámaras rechaza todo acto de violencia en nuestro país

 

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) rechaza todo acto de violencia social o política en nuestro país.

Hacemos un llamado de atención a las autoridades y representantes de todos los poderes públicos de la República, a ser verdaderos garantes de nuestra Constitución y del estado de derecho y a tomar medidas urgentes para garantizar la paz social.

A pesar de las dificultades, como nación no podemos permitirnos ni tolerar que continúe y se profundice la espiral de violencia y/o acciones anárquicas, cuyas consecuencias han sido y serán cada día más difíciles de superar. La intolerancia y la ausencia de acciones oportunas, solo derivan en más muertes y destrucción, en un país que ya alcanza  su octavo año consecutivo de recesión económica con un grave deterioro social.

Revisemos la historia de algunos de los países hermanos de América Latina y lo que significó la violencia en sus sociedades, sus consecuencias y lo difícil que ha sido superarla.

Rechazamos, asimismo, toda acción que debilite aún más nuestra precaria situación institucional y que profundice la inestabilidad política, económica y social que vivimos, hoy agravada por la pandemia del Covid-19. Por tal motivo, y con sentido de urgencia, hacemos un llamado a los actores políticos a trabajar juntos a pesar de sus diferencias para resolver de manera perentoria esta crisis, insostenible para los venezolanos. 

Desde el sector empresarial promovemos y estamos comprometidos con la construcción de acuerdos urgentes para aliviar el sufrimiento de la gente, en el marco de un diálogo franco para cimentar los consensos necesarios en rescate de la institucionalidad y la democracia. Abandonar los preceptos constitucionales significaría reconocer nuestro fracaso como sociedad. Los venezolanos necesitamos un cambio de rumbo, que realmente nos lleve a actuar distinto y así se puedan sentar las bases para una pronta, verdadera y sana reconstrucción del país.

Los países progresan por la solidez de sus instituciones y el trabajo de su gente. Por ello, Venezuela requiere de instituciones robustas e inclusivas, que garanticen la estabilidad política necesaria para promover un nuevo modelo de desarrollo que permita retomar la senda de progreso social que tanto exige la población. Una vez más nuestro llamado a trabajar de manera conjunta, unidos, entendiendo la urgencia de respuestas a una ciudadanía que demanda soluciones inmediatas a los graves problemas que hoy enfrenta.

Desde Fedecámaras, rumbo a nuestros 76 años de vida, ratificamos nuestro compromiso con Venezuela y con nuestra población, impulsando y fortaleciendo el sistema empresarial venezolano, en cumplimiento de nuestro rol en la sociedad, sobre la base de los principios constitucionales de la libertad económica y la democracia.

Solo la institucionalidad democrática y el diálogo social generan confianza y la confianza en los sistemas de gobierno y en sus políticas públicas, genera progreso y bienestar, atrae inversiones y desarrollo social para sus ciudadanos. Este es el único camino que debemos transitar para recuperar a Venezuela; lo cual solo lograremos a través de un gran acuerdo nacional, que cuente con la participación de todos los actores sociales y que conduzca a soluciones estructurales y definitivas para poder ofrecer unas condiciones de vida digna y de sana paz para todos los venezolanos.

Caracas, 9 de mayo de 2020

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Fedecámaras Bolívar: sobre las necesidades del sector productivo

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Desde el inicio del actual Estado de Excepción, conscientes de las necesidades de la población, el sector empresarial representado en Fedecámaras ha puesto al servicio del país sus mejores esfuerzos para atender las necesidades de la población en términos de producción y distribución de los bienes y servicios.

Sin embargo, la crisis humanitaria compleja, la escasez de gasolina, la amenaza del Covid-19 y las medidas que ha tomado el gobierno nacional para contrarrestar la pandemia, han agravado la vida económica nacional y obligan a todos los sectores a sufrir las consecuencias.

Desde hace años el país transita por una profunda crisis económica producto de la aplicación de políticas incorrectas que lejos de promover la inversión, han contribuido a la destrucción del aparato productivo nacional, incluyendo la industria petrolera, y hoy en día enfrentamos una paralización en todos los sectores, no sólo producto de las medidas de prevención ante el coronavirus, sino por la falta de combustible que permita continuar con la cadena de producción y distribución.

Dentro del Estado social de Derecho y de Justicia, nuestras empresas han realizado un gran esfuerzo por preservar a todos sus trabajadores cumpliendo cabalmente con sus derechos laborales, por lo cual consideramos que es momento de reconocer el papel que cada uno cumple en la sociedad venezolana, y aceptar que urge un concenso nacional entre el Estado, el sector privado y los trabajadores, en donde se reformule la línea de acción para poder dar respuesta a la crisis coyuntural, que en el caso venezolano, y en comparación al resto del mundo, no tiene su origen en la pandemia de coronavirus, sino en las políticas con enfoque ideológico que desde el gobierno se han venido aplicando, con resultados asfixiantes para la economía.

Además, vemos con preocupación cómo las consecuencias de medidas de intervención y ocupación, y un continuo discurso de rechazo hacia el sector empresarial, han provocado situaciones irregulares en donde la violencia y el irrespeto a la propiedad privada conllevan al cierre de comercios, y con ello, la disminución de los canales de abastecimiento, y la imposibilidad de acceso de la población a los bienes y servicios.

Frente a este panorama exhortamos a las autoridades regionales de los municipios en donde se han desarrollado situaciones de violencia, a canalizar auxilios financieros con el gobierno central y los bancos regionales, para favorecer los comercios que han sido afectados.

A esto se suman propuestas ya compartidas desde Fedecámaras, como garantizar el abastecimiento alimentario, medicinas e insumos médicos, el empleo y la seguridad sanitaria de los trabajadores, la prestación de servicios públicos y suministro de combustible, el establecimiento de condiciones financieras de emergencia, la flexibilización tributaria, el aplazamiento de nuevas regulaciones legislativas o administrativas, y las propuestas sectoriales expuestas en el Plan de Propuestas Transversales y Sectoriales para Venezuela ante el COVID-19.

No podemos olvidar que, si bien estamos en un estado de excepción, aun en estas circunstancias es inconstitucional restringir los derechos: a la vida, prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles (cfr., ex art. 337 de la CRBV).

En razón a lo anterior, exhortamos a las autoridades competentes, para que todas aquellas medidas que adopten ante esta pandemia y puedan de alguna manera afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos, sean: dictadas por funcionarios competentes, limitadas temporalmente, legales, razonables, proporcionales y necesarias; y en ese sentido, pedimos a los organismos que: i) se garantice el acceso a la justicia que es una garantía constitucional, ii) que se establezca un mecanismo para procesar las denuncias de atropellos que puedan suscitarse, como por ejemplo, cuando se establezcan restricciones a los derechos de los comerciantes por funcionarios incompetentes.

Exigimos respeto a los derechos de los ciudadanos y de los empresarios, y reiteramos el único camino que nos llevará a superar esta crisis es el trabajo en equipo, la creación de consensos y el reconocer la importancia de cada uno de los sectores en la dinámica de nuestro país.

Venezuela es nuestro gran reto.

Fuente: Fedecámaras Bolívar