La superación de la crisis económica y social se logrará con acciones concretas, palpables y reales

La superación de la crisis económica y social se logrará con acciones concretas, palpables y reales

El Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y los Servicios, La Cámara de Caracas, Leonardo Palacios, manifestó su preocupación por la sostenida práctica de registros y notarías, que viene lesionando los derechos fundamentales de propiedad, libertad económica, asociación, así como la seguridad jurídica, valor esencial del régimen económico y social constitucionalmente previsto en el artículo 299.

Palacios considera que representantes parlamentarios y gubernamentales han llamado a la búsqueda de acuerdos necesarios para la recuperación, reactivación y crecimiento económico, sin tener en cuenta que una de las determinantes más importantes para una política económica tendente a esos fines es la confianza. «De la confianza deriva la posibilidad de dar seguridad jurídica y eficacia a las transacciones entre los agentes económicos privados, entre ellos, y frente a terceros.

Para ello se requiere un servicio de registros y notarías, que esté al servicio del ciudadano como obliga la Constitución, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, así como responder a los principios básicos en ella establecidos, entre otros, la honestidad, celeridad, eficacia, eficiencia y transparencia, todo en una estricta sujeción al ordenamiento jurídico, tal como lo establece el artículo 141 constitucional».

En la actualidad, los profesionales del derecho, los agentes económicos privados y empresas interesadas en seguir produciendo, distribuyendo y comerciando bienes y prestando servicios, vienen por distintos medios elevando su angustia cívica a través de los gremios, como la Cámara de Caracas, no solo por el retardo sino por las exigencias de cobros indebidos exigencias irracionales de tasas, sin justificación en la determinación de los importes, que derivan de las magnitudes económicas legalmente establecidas, o que difieren de lo previsto en la Ley de Timbres Fiscal «la cual, por cierto, está en la agenda legislativa anunciada recientemente».

Adicionalmente, son numerosas sus quejas y denuncias sobre retrasos injustificables en la tramitación, protocolización y autenticación de los documentos que instrumentan los negocios jurídicos celebrados por aplicación criterios que desconocen o violentan las disposiciones de los Códigos Civil y Mercantil, así como las leyes especiales, en abierto desconocimiento de la Resolución Nº 019 del Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz de fecha 13 de enero de 2014 mediante el cual se dictó el «Manual que establece los requisitos únicos y obligatorios para la tramitación de actos o negocios jurídicos en los Registros Principales, Mercantiles, públicos y las Notarías».

Para el presidente de la Cámara de Caracas la situación descrita, también contradice la instrucción dada por el Presidente de la República en alocución de fecha 26 de agosto de 2020, en la cual ordenó al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) y a su órgano de tutela simplificar, en el lapso de 30 días, todos los trámites para abrir empresas, así como cualquier otro que se realice en los registros mercantiles.

Palacios es firme en su posición en cuanto a que: en una democracia, cualquier búsqueda de concertación, definición de bases consensuales para la configuración de un sistema económico establece que propugne por el crecimiento y la estabilidad económica requiere del respeto de los derechos fundamentales, de la observancia del ordenamiento jurídico y la garantía innominada de la libertad de contratación que se impone por fuerza de la razón: la convención entre particulares están por encima de la discrecionalidad abierta expresada en formas compulsivas sin basamento legal que las impiden. La Constitución y las leyes que la ejecutan, favorecen tal preeminencia cuando tales manifestaciones de voluntad no las contraríen.

 «La superación de la crisis económica y social que atraviesa el país no se logra con simples manifestaciones de contrición discursiva y propósitos de enmienda coyunturales sin acciones concretas, palpables y reales. Los gremios empresariales asumen su responsabilidad de procurar la formalidad y propugnar por la recuperación económica, que los órganos de gestión asuman la suya, todos en beneficio del país».

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“Ley Antibloqueo”: Una estocada más a la libertad económica en Venezuela

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La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) destacó que la Ley Antibloqueo es una norma totalmente distanciada de las causas que han originado la actual crisis económica y social en Venezuela, y su aplicación constituye una estocada más a la libertad económica en el país.

En un comunicado, la institución que representa a más del 80% de la industria manufacturera nacional, destacó que la “Ley” se perfila como un instrumento por encima de la Constitución, y que les confiere a las autoridades facultades muy superiores a las ya adjudicadas por vía de Estado de Excepción por la Emergencia Económica.

“Por todas estas razones, invocamos la nulidad de la citada “Ley”, en virtud de que los actos de ejecución de la misma podrían resultar lesivos para la nación y en especial para las empresas nacionales, ya que no contribuyen a generar, en modo alguno, la necesaria confianza para que los inversionistas vean a nuestro país como un destino seguro para sus capitales”, resaltaron en el comunicado.

Conindustria desestimó que la nueva normativa legal devuelva o reconozca derechos a los dueños de empresas expropiadas en los últimos 20 años.  

“Preocupa también que, en el marco legal recientemente aprobado, se pretenda, sin procesos de transparencia, la “reprivatización” de empresas que, en su oportunidad, fueron expropiadas o expoliadas, condenando las mismas a su paralización y posterior cierre, bajo un mecanismo de total opacidad y sin respeto a los derechos de defensa de la propiedad de sus legítimos dueños”, indicaron.

A continuación, el comunicado íntegro de Conindustria:

“Ley Antibloqueo”: Una estocada más a la libertad económica en Venezuela

Las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela han aprobado vía Asamblea Nacional Constituyente la llamada “Ley Antibloqueo”, instrumento jurídico que, lejos de apoyar el resurgimiento del aparato productivo nacional, está divorciado de la difícil realidad que enfrenta la industria manufacturera nacional.

Desde Conindustria, y en total apego a la defensa de los intereses de nuestros afiliados, manifestamos nuestro más categórico rechazo a este dispositivo jurídico que contraviene de manera expresa nuestra Constitución, y obvia todos los pasos necesarios para que el mismo revista de la legalidad requerida.

La discrecionalidad se impone en esta “Ley” que fue aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente que no está revestida de la potestad necesaria para ejercer funciones legislativas en ese ámbito.

Esta “Ley” confiere a las autoridades facultades muy superiores a las ya adjudicadas por vía de Estado de Excepción por Emergencia Económica, bajo la justificación de que es necesaria para contrarrestar los efectos de las llamadas “sanciones”.

Entre los objetivos descritos en el citado instrumento jurídico, resalta el de “(ii) Favorecer un desarrollo armónico de la economía nacional orientado a generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional y elevar el nivel de vida de la población”. 

Como gremio representante de más del 80% de la industria manufacturera nacional señalamos que tal objetivo luce totalmente distanciado de las causas que han originado la realidad actual de crisis.  Durante más de dos décadas, a través de otras regulaciones de carácter legal, impositivo y fiscal, ha ido incrementándose la hegemonía sobre el sector productivo, acorralando la libertad empresarial y poniendo freno a las libertades económicas expresadas en nuestra Carta Magna.

Los derechos del sector privado nacional son constantemente conculcados por estas disposiciones y la llamada “Ley Antibloqueo” se constituye en una muestra más de lo aquí señalado. Somos un país cada vez más pobre, con una población sumida en la más absoluta de las miserias y con un cementerio de empresas, sin la más mínima posibilidad de seguir aportando empleos dignos y calidad de vida para los habitantes de esta nación.

Por otra parte, la “Ley” faculta el ejercicio de un poder ilimitado, saltándose todas las vías y canales regulares que suponen sus límites y controles, poniéndose por encima del ordenamiento jurídico vigente, el cual puede incluso ser inaplicado discrecionalmente. Debido a ello, levantamos nuestras voces de alerta y protesta ante esta nueva arremetida en contra del Estado de Derecho, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Preocupa también que, en el marco legal recientemente aprobado, se pretenda, sin procesos de transparencia, la “reprivatización” de empresas que, en su oportunidad, fueron expropiadas o expoliadas, condenando las mismas a su paralización y posterior cierre, bajo un mecanismo de total opacidad y sin respeto a los derechos de defensa de la propiedad de sus legítimos dueños.

Por todas estas razones, invocamos la nulidad de la citada “Ley”, en virtud de que los actos de ejecución de la misma podrían resultar lesivos para la nación y en especial para las empresas nacionales, ya que no contribuyen a generar, en modo alguno, la necesaria confianza para que los inversionistas vean a nuestro país como un destino seguro para sus capitales. Con su aprobación, se da una estocada más a la libertad económica en Venezuela

La propiedad privada sigue estando en peligro de extinción. Y con ella los sueños de millones de ciudadanos que tienen en el sector privado, especialmente en la industria, su principal y única fuente de sustento. Como venezolanos y como empresarios, nos preocupa el destino de este país y el de sus habitantes.

Acciones de este tipo no nos amilanarán, ni mucho menos revertirán las esperanzas de quienes nos atrevemos a continuar soñando con una nación próspera y productiva, para lo cual seguiremos luchando por la conquista de libertades económicas, el impulso al emprendimiento y la búsqueda de una mejor calidad de vida y bienestar para los venezolanos.

GCI / 19.10.2020

Fuente: Conindustria

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La mejor Ley Antibloqueo es reinsertar a Venezuela en el respeto de los derechos constitucionales

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El presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, reiteró la posición de la principal patronal de señalar que todo ordenamiento jurídico debe ser producto de las formas y procedimientos establecidos en la Constitución venezolana.

Cusanno enfatizó que, de imponerse un visón, debe existir sensatez transparencia y coherencia en la norma.

 “La mejor Ley Antibloqueo es reinsertar a Venezuela en el respeto pleno de los derechos constitucionales y del ordenamiento jurídico internacional, con eso no quitamos todos los problemas del mundo”, manifestó en entrevista para A 8 Columnas.

El principal representante de Fedecámaras destacó que la economía y la salud pueden ser dos espacios que permitan construir acuerdos en materia política para ofrecer soluciones a los problemas que afectan a los venezolanos.

Resaltó que el gremio empresarial se mantiene desarrollando propuestas para el poder ejecutivo, con el fin de preservar y reactivar el aparato productivo nacional en medio del estado de alarma por Covid-19.

“Como institución creemos que la economía y la salud, en el marco de esta pandemia, pueden ser los dos espacios que se eleven por arriba de la política y la conflictividad institucional para construir espacios de consenso, de no agresión, para dar soluciones coyunturales, que sirvan de plataforma a soluciones estructurales luego de la cuarentena”, dijo.

Ricardo Cusanno aseguró que el gremio empresarial «no es neutral ni indolente ante la realidad que vive la sociedad.

Recalcó el compromiso de la institución como promotora de los derechos de propiedad privada, empleo formal y el bienestar de la sociedad, en un país con 27 trimestres de contracción económica, y que ha perdido más del 80% de sus empresas en 20 años.

Fuente:  A 8 Columnas

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