Fedecámaras: Sin entendimiento, confianza y acuerdos, no cesará la crisis coyuntural ni estructural

Fedecámaras: Sin entendimiento, confianza y acuerdos, no cesará la crisis coyuntural ni estructural

Trabajemos para construir las respuestas que demandan los venezolanos

La crisis humanitaria compleja que vive Venezuela se agrava. La brutal caída de los precios del petróleo, sumada a la amenaza que constituye la pandemia de COVID-19, la cual, a nivel global, se acerca a los 3 millones de casos, superando ya las 200.000 muertes, auguran un panorama desolador. En nuestro país, por fortuna, la curva no se ha disparado y el índice de fatalidad está por el orden del 3%.

Pero las acechanzas son serias. Las medidas de cuarentena y distanciamiento social, de por sí, minimizan la vida económica nacional, afectando a todos, particularmente a los sectores sociales más vulnerables, los cuales resienten la imposibilidad de salir a conseguir el sustento diario, sufriendo los estragos de la situación.

Desde 2018 vivimos una profunda crisis que mantiene al país al borde de la inviabilidad política. Nuestra economía está totalmente asfixiada y los venezolanos necesitan respuestas.

Desde Fedecámaras tenemos mucho tiempo señalando los profundos errores de política económica y de enfoque ideológico que nos han traído hasta esta situación de tragedia nacional. La destrucción del aparato productivo, incluyendo la industria petrolera, cuya expresión final más evidente y trágica es la escasez de combustible que hoy pone en jaque al sector productivo nacional.

En este cuadro, no vamos a avanzar un milímetro si el país vuelve a las fracasadas políticas de control, confiscación, persecución y opresión de los empresarios, quienes invertimos y generamos valor en Venezuela. Así, solo estaremos acelerando la magnitud de la crisis. Dando un paso hacia el abismo.

Nuestra realidad ya era lo suficientemente trágica antes de la llegada del COVID-19. Es necesario hacer un alto. El país exige ser responsables ante la imperiosa realidad. La nación clama cordura. Seguir invocando la crisis no tiene más sentido: es el momento que todos construyamos consensos, con acciones que permitan verdaderas soluciones.

Urge un entendimiento mínimo de todos los sectores; político, público y privado. Urge colocarse por encima de las diferencias, en función de ponerle fin a la pérdida de la calidad de vida de los venezolanos que tiende a profundizarse en el futuro inmediato.

Sin entendimiento, confianza y acuerdos, no cesará la crisis coyuntural ni estructural. La única forma de afrontar estos retos, exige algo mucho más profundo y sostenible que medidas económicas parciales o ayudas humanitarias necesarias, pero insuficientes para dar un giro a nuestro porvenir. No hay soluciones fáciles ni de corto plazo. El tiempo no está a favor de nadie; está en contra de todos.

En el marco socioeconómico que atravesamos y con la COVID-19 acechando a nuestra población, debemos marcar un punto de partida para que el liderazgo político, la Fuerza Armada, la sociedad civil, las Iglesias, la comunidad internacional y el sector empresarial, trabajemos para construir las respuestas que demandamos los venezolanos.

Desde Fedecámaras, hacemos un llamado a deponer medidas arbitrarias, agendas parciales y a concretar decisiones conjuntas, que diseñen un acuerdo político integral que ponga fin a este conflicto y tenga como objetivo principal velar porque se restituyan los preceptos constitucionales establecidos en nuestra Carta Magna: derecho a la vida, salud, educación, respeto a la propiedad privada, libre iniciativa, al derecho a elegir, entre otros.

En esta hora histórica, urge el rescate de nuestra economía para generar progreso y bienestar social, para diseñar en consenso, un nuevo modelo político, económico y social que trascienda al interés inmediato y apunte a la inclusión de todos los dispuestos a trabajar por una nueva y mejor Venezuela.

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Conindustria: Medidas del Ejecutivo contra la industria nacional amenazan la seguridad alimentaria de los venezolanos

Conindustria: Medidas del Ejecutivo contra la industria nacional amenazan la seguridad alimentaria de los venezolanos

La industria privada de alimentos, es nuevamente objeto de una nefasta acción por parte del Gobierno Nacional,  de manera arbitraria y sin que mediase algún interés de carácter público o, tan siquiera, una medida de tipo legal. Los hechos registrados este viernes, pretenden hacer creer a la colectividad la comisión de algún delito, cuando lo único que ha hecho el sector privado,  ha sido dedicarse,  de manera exclusiva y responsable, a la elaboración de productos alimenticios para los venezolanos.

Ese viernes, en horas de la tarde, nuestro afiliado, Alimentos Polar, fue objeto de una arremetida por parte de funcionarios de la Sundee, Sunagro y Sencamer,  quienes irrumpieron de manera abrupta, violentando todos los protocolos de seguridad e higiene industrial con motivo de la Covid_19, en las instalaciones de su planta ubicada en la localidad de Turmero, estado Aragua. 

Ante la exigencia del cumplimiento de tales normativas,  consagradas además en las leyes de la República, recibieron como respuesta el bloqueo del código Sica, sin el cual no pueden distribuirse los indispensables alimentos que producen. A la par de este hecho, el Gobierno Nacional, anunció la “venta supervisada” de los productos de Polar, así como de otras industrias.

La Libertad Económica, concebida como el derecho que tienen todas las personas a dedicarse libremente a la actividad de su preferencia, está consagrada dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estas acciones son una manifiesta y flagrante violación a nuestra Carta Magna, y atentan contra el libre emprendimiento y el bienestar de todos los venezolanos.

El procedimiento denominado como “Venta Controlada” y el bloqueo del código Sica, el cual está siendo aplicado a Empresas Polar y a otras industrias procesadoras de alimentos, no es más que un claro atentado contra la seguridad alimentaria de millones de venezolanos. El país tiene en la empresa privada y, en este caso en Empresas Polar, un importante proveedor de alimentos,  con productos de altísima calidad que la organización se esfuerza en hacer llegar a todos los rincones de la geografía nacional, sorteando múltiples adversidades y muy particularmente la escasez de combustible.

En este crítico momento para Venezuela, donde las funestas consecuencias producto de la pandemia de la Covid_19 se suman a las desacertadas políticas económicas que han venido aplicándose desde hace más de 20 años y que tienen a la manufactura operando a no más del 20% de su capacidad, el gobierno nacional arremete una vez más contra este sector, fuente de empleo y sustento para cientos de miles de hogares venezolanos, y que sobrevive gracias a la tenacidad, el arraigo, el compromiso y la responsabilidad de nuestros empresarios para con el país.

Los industriales venezolanos trabajamos bajo condiciones extremas, ya por todos conocidas,  y aun así, nos la ingeniamos para seguir produciendo.

Es imperativo sumar esfuerzos y ponernos todos, como siempre, del lado del país, de nuestros afiliados, de sus colaboradores, de los industriales. De todos los ciudadanos venezolanos, de esos que producen, que trabajan, que se esfuerzan, que construyen. Los que luchan diariamente, en condiciones totalmente adversas,  para que, en este caso,  los alimentos lleguen a nuestras mesas. 

Los industriales venezolanos solo queremos trabajar por el país. No comprendemos el por qué  se nos persigue, se nos ataca de manera indiscriminada si, en todo momento, hemos demostrado que nuestro fin ulterior es el bienestar de Venezuela.  Pero las condiciones adversan no nos detendrán y menos en momentos en los cuales nuestra nación nos requiere.

Conindustria se suma al rechazo que, de manera contundente, ha manifestado Empresas Polar por las medidas arbitrarias ejecutadas por el Gobierno Nacional contra la compañía, y reiteramos la exigencia del desbloqueo de códigos Sica, ya que lo contrario se traducirá, entre otras consecuencias, en el desabastecimiento de los alimentos requeridos por la población en tan crítica situación. 

La empresa privada es progreso.  Y es solo con progreso, que construiremos el país que todos los venezolanos nos merecemos.

Fuente: Conindustria

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Cámara de Caracas: Medidas económicas y no políticas son las que necesitamos

Cámara de Caracas: Medidas económicas y no políticas son las que necesitamos

La Cámara de Caracas defensora del respeto a la libertad económica y propiedad, derechos seminales de los todos los demás derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados y acuerdos internacionales en la materia, exige el cese continuado de las vías de hecho y la violencia institucional contras las empresas y, consecuencialmente, contra la población.

El día de ayer se decidió “la ocupación temporal por 180 días prorrogables, la adopción de formas de intervención traducidas en el mecanismo de venta supervisada”, asegurando que “es una medida de supervisión y precios acordados”, cuyos destinatarios son empresas del sector alimenticio.

Las medidas adoptadas buscan ocultar el deterioro de la calidad de vida del venezolano y el rotundo fracaso de la gestión gubernamental. Sin justificación ni motivación racional alguna, carente de sustentación en análisis económico y financiero, se pretenden esconder las verdaderas causas de las distorsiones y escollos en el proceso productivo que generan la inflación, la maxidevaluación experimentada recientemente y los incrementos de costos de transacción entre los agentes económicos resultado de la adopción de políticas erráticas en materia fiscal, monetaria y tributaria, que profundizan la crisis. 

El gobierno nacional persiste en la conflictividad política sin adoptar medidas que permitan enfrentar con racionalidad las implicaciones que conlleva la pandemia, la paralización de actividades económicas, en algunos sectores, de la dificultad de producción de bienes de consumo necesario y prestaciones de servicios básicos, habida cuenta los controles desmedidos, las más de las veces ilegales, aunado al desmantelamiento de la infraestructura hidroeléctrica, vías de comunicación y la producción y suministros de combustible, condiciones mínimas elementales para producir.

El tema económico se deja irresponsablemente a un lado. La muestra más evidente es la argumentación fútil conforme a la cual el sector empresarial “busca la desestabilización” y constituyen “factores de especulación”. Esa causa de justificación para la intervención de las empresas, no es aceptada ni resulta convincente para la mayoría de la población que cada día más tiene un criterio positivo de los empresarios, como lo demuestran múltiples estudios de opinión. El venezolano es consciente y ha sido solidario con los empresarios por los embates legales, actuaciones administrativas desmedidas y formas de índole diversas de interdicción de la cual ha sido objeto; reconoce su estoicismo al mantener activas las empresas y mantener incólume su compromiso con el país en correspondencia con su responsabilidad con sus trabajadores.

El gobierno ante la creciente insatisfacción del venezolano, el fracaso continuado en lograr la prometida recuperación, crecimiento y estabilidad económica en beneficio del país, arremete contra el sector privado. En lugar de crear las condiciones idóneas para la producción, distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios, crea obstáculos y realiza vías de hecho, que generan cierres de empresa, desabastecimiento e imposibilidad de acceso de la población a los mismos.

Las medidas de intervención y ocupación adoptadas no solo lesivas a los derechos de libertad económica y la propiedad de las empresas (accionistas, trabajadores e inversionistas) también atentan contra la seguridad alimentaria y, por tanto, conculca los derechos fundamentales del venezolano: acceso a bienes de consumo, preservación de los niveles de satisfacción de sus necesidades y de su familias y elevación de la calidad de vida, constitucionalmente protegidos.

Exigimos el respeto de los derechos del ciudadano y de los empresarios, el cese del hostigamiento y de las vías de hecho y, en consecuencia, se deje sin efecto las medidas inconstitucionales adoptadas.

Reiteramos que el estado de excepción materializado en la alarma sanitaria no puede ni debe ser una herramienta de erosión del estatuto consagratorio de los derechos fundamentales ni una forma de preterir las garantías para su tutela. Es solo un mecanismo para enfrentar la pandemia global y sus efectos nocivos en la población para garantizar su derecho a la salud y no el valladar justificador de la arbitrariedad. Lo contrario es un fraude a la ley o empoderamiento antidemocrático del Ejecutivo Nacional.

Fuente: Cámara de Caracas

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Dentro de la pandemia que padece el mundo entero, los países más exitosos establecen paquetes de ayuda e incentivos económicos para apalancar a las empresas del sector privado y sobrellevar la actual crisis.

Sin embargo, en Venezuela sucede todo lo contrario. Vemos cómo el Gobierno Nacional nuevamente, amenaza a distintas empresas pero especialmente, a aquellas del sector alimentos acusando a los empresarios privados de especuladores y culpándolos de los recientes aumentos de precios en toda la cadena de productos alimenticios.

Acá surge la pregunta: ¿por qué suben los precios? Esta pregunta tiene varias respuestas:

1) Los países autosuficientes se caracterizan por aplicar políticas públicas para estimular el crecimiento permanente de la producción agrícola, pecuaria e industrial y así aprovisionar el mercado local, el cual una vez abastecido, busca exportar los excedentes. Por el contrario y a lo largo de los últimos 20 años, en Venezuela se han aplicado políticas públicas equivocadas, caracterizadas por las expropiaciones, confiscaciones e inseguridad jurídica, las cuales terminaron por destruir la producción alimenticia del país. Sin producción nacional, pasamos a depender cada vez más de las importaciones para cubrir lo que comemos.

2) Según el artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), “el objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela (BCV) es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria”. Por lo tanto, el BCV tiene que explicar cómo lo obliga el artículo 319 de la CRBV, por qué el tipo de cambio oficial que publica en su página web se ha incrementado 252,24 % en lo que va de año. ¿Cuáles son los fundamentos técnicos utilizados por el BCV para determinar el valor del precio del dólar en el país?

3) El mayor combustible para la inflación y por consiguiente para el aumento de los precios, es la emisión de dinero inorgánico (sin respaldo) por parte del Estado. Según las cifras publicadas por el BCV, la liquidez en el sistema financiero pasó de Bs. 63,2 billones el 13 de marzo, inicio de la cuarentena, a Bs. 77,77 billones un mes después. Esa inyección gigantesca de dinero terminó por generar mayor inflación y presión sobre el tipo de cambio, aun cuando el artículo 320 de la CRBV prohíbe financiar políticas fiscales deficitarias.

4) Ante la ausencia de gasolina debido a la paralización del parque refinador nacional, el transporte de productos alimenticios desde el campo y zonas agroindustriales hasta las ciudades, se ha encarecido.

Hoy en día, el Ejecutivo Nacional no vende un solo dólar a la industria y comercio privados para efectuar importaciones de bienes y productos de primera necesidad. Todas las importaciones del sector privado se efectúan con dólares propios de empresas que creen en Venezuela, se preocupan por su gente y realizan grandes esfuerzos para mantener abastecidos los mercados en medio de un entorno hostil. De allí que el anuncio de ayer por parte de voceros del gobierno acerca de la ocupación y/o intervención de varias empresas de la agroindustria, solo aumenta la desconfianza y repercute en los planes de inversión de todas las empresas del sector.

Las consecuencias las vamos a pagar todos los venezolanos. El Estado venezolano debe explicarle al país entero las razones por las cuales los precios aumentan, asumir su responsabilidad y dejar de echarle la culpa a las empresas que trabajan para producir los bienes y servicios de los cuales dependen tantas familias venezolanas.

Hacemos un llamado al Gobierno a promover y crear las condiciones para que los productores agrícolas, pecuarios y la agroindustria puedan trabajar y producir. Urge un entendimiento para resolver los problemas estructurales que el mismo Poder Central ha generado. Los empresarios no somos especuladores. En este momento más que nunca, cargamos en hombros la responsabilidad de que haya alimentos y bienes de primera necesidad en toda Venezuela.

Fuente: Cámara de Comercio de Maracaibo

 

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