La Cámara de Caracas defensora del respeto a la libertad económica y propiedad, derechos seminales de los todos los demás derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados y acuerdos internacionales en la materia, exige el cese continuado de las vías de hecho y la violencia institucional contras las empresas y, consecuencialmente, contra la población.

El día de ayer se decidió “la ocupación temporal por 180 días prorrogables, la adopción de formas de intervención traducidas en el mecanismo de venta supervisada”, asegurando que “es una medida de supervisión y precios acordados”, cuyos destinatarios son empresas del sector alimenticio.

Las medidas adoptadas buscan ocultar el deterioro de la calidad de vida del venezolano y el rotundo fracaso de la gestión gubernamental. Sin justificación ni motivación racional alguna, carente de sustentación en análisis económico y financiero, se pretenden esconder las verdaderas causas de las distorsiones y escollos en el proceso productivo que generan la inflación, la maxidevaluación experimentada recientemente y los incrementos de costos de transacción entre los agentes económicos resultado de la adopción de políticas erráticas en materia fiscal, monetaria y tributaria, que profundizan la crisis. 

El gobierno nacional persiste en la conflictividad política sin adoptar medidas que permitan enfrentar con racionalidad las implicaciones que conlleva la pandemia, la paralización de actividades económicas, en algunos sectores, de la dificultad de producción de bienes de consumo necesario y prestaciones de servicios básicos, habida cuenta los controles desmedidos, las más de las veces ilegales, aunado al desmantelamiento de la infraestructura hidroeléctrica, vías de comunicación y la producción y suministros de combustible, condiciones mínimas elementales para producir.

El tema económico se deja irresponsablemente a un lado. La muestra más evidente es la argumentación fútil conforme a la cual el sector empresarial “busca la desestabilización” y constituyen “factores de especulación”. Esa causa de justificación para la intervención de las empresas, no es aceptada ni resulta convincente para la mayoría de la población que cada día más tiene un criterio positivo de los empresarios, como lo demuestran múltiples estudios de opinión. El venezolano es consciente y ha sido solidario con los empresarios por los embates legales, actuaciones administrativas desmedidas y formas de índole diversas de interdicción de la cual ha sido objeto; reconoce su estoicismo al mantener activas las empresas y mantener incólume su compromiso con el país en correspondencia con su responsabilidad con sus trabajadores.

El gobierno ante la creciente insatisfacción del venezolano, el fracaso continuado en lograr la prometida recuperación, crecimiento y estabilidad económica en beneficio del país, arremete contra el sector privado. En lugar de crear las condiciones idóneas para la producción, distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios, crea obstáculos y realiza vías de hecho, que generan cierres de empresa, desabastecimiento e imposibilidad de acceso de la población a los mismos.

Las medidas de intervención y ocupación adoptadas no solo lesivas a los derechos de libertad económica y la propiedad de las empresas (accionistas, trabajadores e inversionistas) también atentan contra la seguridad alimentaria y, por tanto, conculca los derechos fundamentales del venezolano: acceso a bienes de consumo, preservación de los niveles de satisfacción de sus necesidades y de su familias y elevación de la calidad de vida, constitucionalmente protegidos.

Exigimos el respeto de los derechos del ciudadano y de los empresarios, el cese del hostigamiento y de las vías de hecho y, en consecuencia, se deje sin efecto las medidas inconstitucionales adoptadas.

Reiteramos que el estado de excepción materializado en la alarma sanitaria no puede ni debe ser una herramienta de erosión del estatuto consagratorio de los derechos fundamentales ni una forma de preterir las garantías para su tutela. Es solo un mecanismo para enfrentar la pandemia global y sus efectos nocivos en la población para garantizar su derecho a la salud y no el valladar justificador de la arbitrariedad. Lo contrario es un fraude a la ley o empoderamiento antidemocrático del Ejecutivo Nacional.

Fuente: Cámara de Caracas

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