Comunicado Fedecámaras | «No hay camino para la paz. La paz es el camino»

Comunicado Fedecámaras | «No hay camino para la paz. La paz es el camino»

A propósito del Referéndum Consultivo sobre la Guayana Esequiba, convocado por el poder legislativo, y con base en lo estipulado en el Artículo 2, numeral 1, de los estatutos que nos rigen como Federación, que textualmente señala: “Fedecámaras fundamenta su origen y razón de ser en la libertad y la democracia y la libre iniciativa, cuyos valores y principios asumidos por la humanidad, permiten el desarrollo de los pueblos.

En tal sentido, asume como principios: 1.- La defensa de la soberanía nacional, de los valores fundamentales de la patria y del medio ambiente…”, hacemos un llamado a los venezolanos para que el venidero 3 de diciembre de 2023, acudan a los centros electorales a ejercer su derecho al voto. 

En un país como Venezuela, de profundas raíces y convicciones democráticas, consideramos que los ciudadanos deben estar conscientes de que el voto es uno de sus derechos fundamentales. Desde Fedecámaras, respaldamos las iniciativas que tengan a bien reforzar el espíritu de la libertad de elegir. 

Asimismo, instamos a los votantes para que, al momento de ejercer su derecho al sufragio, se tomen el tiempo necesario para leer detenidamente cada una de las 5 interrogantes que le son planteadas y, a partir de esa reflexión, poder decidir con base cuál va a ser la opción que seleccionará en cada una de estas consultas.

El voto ha de ser hecho con conciencia, pensando en todo momento en el bienestar del país. Un voto alineado con el interés nacional, alejado de cualquier política partidista. No queda la menor duda de que el Esequibo pertenece a Venezuela, y así ha quedado demostrado a lo largo de todo el proceso que se ha desarrollado por más de un siglo.

En este sentido, estamos convencidos del importante rol que, como empresarios, creyentes y practicantes de la democracia, tenemos en el llamado a participar, de manera voluntaria en la citada consulta, sin presión alguna y con el conocimiento pleno del papel que nos toca asumir como venezolanos. Somos un pueblo pacífico, acostumbrado a dirimir las diferencias en paz.

Apelamos a la negociación y al diálogo, como únicas armas en la defensa de los intereses de la nación. Y es allí donde como institución seria, responsable y con profunda convicción democrática, destacamos el sentido común que nos caracteriza como sociedad, y ante tal circunstancia, hacemos un llamado para que todos, como país unido, manifestemos nuestra opinión.

Fieles a los principios que nos rigen como institución, le recordamos a cada uno de los venezolanos que, en democracia, la participación de los ciudadanos es imprescindible, ya que es una de las formas de manifestar nuestra opinión, según lo contempla el artículo 63 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que señala: “El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas…”.

Desde nuestra posición como ciudadanos, empresarios y dirigentes gremiales, hacemos votos porque en las negociaciones, que deben darse entre Guyana y Venezuela para resolver la controversia sobre este territorio -que reiteramos pertenece a nuestro país-, fluya el diálogo basado en el respeto mutuo y que además se consideren y apliquen los mecanismos legales necesarios para llegar a un acuerdo. 

Es importante recordar aquella frase de Mahatma Gandhi: “No hay camino para la paz. La paz es el camino”. 

Comunicado Fedecámaras 

Pronunciamiento de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas sobre las notificaciones entregadas por PDVSA a expendedores de combustible

Pronunciamiento de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas sobre las notificaciones entregadas por PDVSA a expendedores de combustible

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas ante los oficios entregados por Petróleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA”) a los representantes de diversas estaciones de servicio durante el día 27 de junio de 2020, a través de las cuales se exhortó a la “entrega” de los referidos expendios de combustible, manifiesta que:

Considerando

Que los Estados de Excepción decretados por el Ejecutivo Nacional con fundamento en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución no implica la conculcación o restricción indebida de los derechos fundamentales de los particulares, extensibles a las sociedades mercantiles por aplicación de los tratados internacionales, por lo que, en ninguna circunstancia, la actuación de cualquier órgano o ente del Estado podría conllevar su desconocimiento o supresión;

Considerando

Que el Estado de Emergencia Económica implica una potestad extraordinaria del Ejecutivo Nacional para actuar dentro de ciertos límites explícitos y temporales, el cual se ha venido extendiendo de forma indebida en contravención de las previsiones constitucionales y de los derechos fundamentales;

Considerando

Que el Estado de Derecho implica el sometimiento a la Ley de las actuaciones de los órganos del Poder Público, lo cual obliga a cada órgano o ente del Estado a no excederse de su ámbito de competencias, así como al ejercicio de las potestades administrativas discrecionales bajo los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública;

Considerando

Que el Estado de Derecho exige que todo ejercicio del poder que le haya sido conferido a los órganos y entes del Estado que incida a los particulares, sea encauzado a través de los debidos procedimientos administrativos en los cuales se garantice, entre otros, el derecho a la defensa, a conocer detalladamente las infracciones que se les imputa y al contradictorio;

Considerando

Que Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) como instrumentalidad del Estado, bajo la forma de empresa pública, se encuentra sujeta a la Ley aún en situaciones de emergencia como las verificadas en el territorio venezolano, lo cual implica el respecto de los derechos fundamentales de los particulares en el uso de sus potestades exorbitantes en el área de hidrocarburos;

Considerando

Que desde marzo de 2020, como lo han hecho del conocimiento público las altas autoridades del Estado, se han presentado circunstancias excepcionales en el suministro de combustible por parte de PDVSA, lo cual implicó la afectación de la continuidad del servicio público que prestan los expendios, así como los derechos de los usuarios a adquirir bienes en condiciones de igualdad, todo bajo la vigilancia de los órganos de seguridad estatales y en seguimiento de las directrices y planes del Ministerio del Poder Popular de Petróleo;

Considerando

Que la reestructuración del negocio de distribución, importación y expendio de combustibles líquidos realizado por PDVSA, de acuerdo con las pautas del Ejecutivo Nacional, no puede conllevar al desconocimiento arbitrario de las relaciones jurídicas de origen contractual, a la aplicación caprichosa de cláusulas exorbitantes y de potestades administrativas, ni a la conculcación de los derechos fundamentales de los concesionarios, contratistas y propietarios de estaciones de servicios,

Considerando

Que es un valor esencial del Estado de derecho la seguridad jurídica, el concurso de la iniciativa privada en sus distintas manifestaciones de organización empresarial y la República para la generación de empleo, valor agregado, atracción de inversión nacional y extranjera, desarrollo de la economía y, en general, el bienestar del ciudadano, tal como se establece en el artículo 299 de la Constitución.

Considerando

Que medidas como la adoptada, generan desempleo, afectación directa e indirecta al Mercado de productos y bienes generados y prestados en el mercado nacional , así como una lesión a varios empresarios que por décadas vienen realizando de manera sostenida con esfuerzo, organización y a expensas de su patrimonio la actividad económica de expendio de combustible y actividades conexas.

Acuerda

  1. Exigir al Ejecutivo Nacional y las demás autoridades del Poder Público y los directivos de las empresas públicas, entre ellas PDVSA, la estricta observancia de los derechos fundamentales de las empresas y empresarios y dirigir su acción administrativa de acuerdo con los preceptos constitucionales.
  1. Requerir el Ejecutivo Nacional proceda a aplicar de forma irrestricta lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción durante la vigencia del Estado de Emergencia Económica y el Estado de Alarma, especialmente en la garantía del debido proceso.
  1. Demandar que se evite la realización actuaciones similares que en nada contribuyen a la reactivación económica del país, al establecimiento y estabilidad de las fuentes generadoras de trabajo, riqueza y bienestar.

Caracas, 28 de junio de 2020

Fuente: Cámara de Caracas 

 

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Fedecámaras ante el país

Fedecámaras ante el país

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECÁMARAS) expresa su profunda preocupación ante las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que exceden las atribuciones que le son constitucionalmente atribuidas.

La asunción de competencias que no son propias del Poder Judicial al designar nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de los nuevos miembros de las  juntas directivas de los partidos políticos de oposición que fueron objeto de suspensión, sin duda, constituyen decisiones que dificultan el camino electoral como única vía a transitar para superar la crisis política, económica y social en la que está sumergida Venezuela y atentan contra la institucionalidad democrática de nuestro país.

FEDECÁMARAS destaca la importancia de respetar el estado de derecho y de atender el clamor de la población que exige una salida democrática, sin riesgo de mayor conflictividad social que pueda conducir a situaciones indeseables que pongan en un peligro mayor la estabilidad, la paz y la viabilidad del país.

Venezuela necesita que el CNE sea un árbitro independiente y confiable; solo así podrían celebrarse elecciones justas y creíbles, que recuperen la confianza en el voto como único instrumento para dirimir las diferencias políticas. 

La población exige un país con instituciones fuertes, con poderes públicos independientes, imparciales y justos, con una sólida y estable democracia, como lo ordena la Constitución.

FEDECÁMARAS exhorta al Estado venezolano a entender que, en el medio de la diatriba política, los ciudadanos están demandando soluciones urgentes a un sin número de necesidades a las que, por años, no se les ha dado respuesta. Hay que evitar mayor sufrimiento de nuestra gente y una espiral de penurias, hambre y violencia.

Asumamos como nación, la gravedad del momento que vivimos y trabajemos en función de construir espacios de entendimiento y soluciones a la crisis política que nos conduzcan a una mayor institucionalización del país, para lograr reunir el respaldo de la mayoría de los venezolanos y el reconocimiento de la comunidad internacional.

FEDECÁMARAS ratifica la necesidad de procurar, a través de un diálogo social respetuoso, sincero y efectivo un gran acuerdo nacional, donde confluyan los diferentes actores sociales y seamos capaces de reconocer nuestras dificultades y trazarnos una agenda posible de solución, que genere la confianza necesaria para poder construir como sociedad, una Venezuela productiva, en democracia y en paz, capaz de generar progreso y bienestar a sus ciudadanos.

Fedecámaras

20 de junio de 2020

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Sector Agroalimentario con reservas agotadas para atender a la población

El panorama oscuro que vive el país se palpa y se siente cada vez que el empresario levanta su santamaría, abre los portones de su empresa o gestiona la siembra de algún rubro. La crisis ha dejado sin financiamiento al empresario, con una operatividad de menos de un tercio de su capacidad instalada, a lo que se agregan unos servicios públicos desmantelados como la electricidad, la falta de combustible, agua potable, telefonía, seguridad, sin contar con un servicio de salud público eficiente, que no es cónsono con un país que ha generado riquezas a manos llenas. Hoy en Venezuela, todo lo que se produce y se emprende requiere más esfuerzo que en buena parte del mundo.

Y si ha sido así para el sector empresarial, que ha capitalizado su trabajo y su esfuerzo por años, sabemos que es aún peor -por ejemplo- para los sectores sociales más vulnerables, que deben buscar contra corriente lo necesario para los suyos. El poder adquisitivo del venezolano ha desaparecido como consecuencia de las decisiones públicas, que lejos de aplicar elementos de orden técnico han conseguido en lo ideológico su base de acción. Desde nuestros sectores y gremios, hemos dicho durante años que el elevar la producción y la oferta de bienes a los venezolanos ofrece garantías para la sana competencia y la reducción de los precios, para hacerlos accesibles a la población. Y hemos ofrecido nuestros conocimientos y nuestra experiencia en ese sentido. Seguirse negando a escuchar este clamor es, no solo una torpeza, sino además una acción irresponsable para con los más necesitados.

En este perturbador escenario económico y social, nos azota ahora la pandemia del COVID-19, que exige cumplir con una cuarentena y el reajuste de nuestro estilo de vida, lo cual nos limita sobremanera en todos los ámbitos, incluído el productivo. Las empresas han hecho sus mejores esfuerzos para continuar con sus procesos, al tiempo que cuidan y protegen a sus trabajadores y colaboradores. A ello se suma la crisis del mercado petrolero mundial, y sus efectos dañinos sobre la economía apenas se están asomando. Proteger y resguardar lo que aún necesitamos para evitar un mal mayor, parece ser lo más sensato.

Desde Fedecámaras Portuguesa elevamos nuestra voz para que se protejan todos los sectores productivos, que no soportan más acciones arbitrarias en desconocimiento de las libertades democráticas constitucionales, que socaven la confianza y que sigan obligando al cierre de centenares de empresas, desde la producción primaria hasta el comerciante, último eslabón de la cadena, destruyendo así toda posibilidad de sostener -bajo mínimas condiciones- cualquier emprendimiento.

Lo acontecido en los últimos días, con la intervención de empresas del sector agroalimentario, ha revivido las peores experiencias de las últimas dos décadas, de las cuales el principal perjudicado es el país en su conjunto, en especial los más vulnerables.

No tenemos margen de error para lo que se nos viene encima. Los sectores productivos, en especial el agroalimentario, han agotado sus reservas para atender a la población. La solución al desabastecimiento, a la hiperinflación, a la crisis del combustible, a la restricción del financiamiento, a la eliminación de empleos, en resumen, a la destrucción del aparato productivo nacional -hoy en ruinas no llegará atacando lo poco que queda en pie. Ya no es sólo una exigencia de quienes producimos, sino un clamor general hacia los que administran el poder y las armas de la nación, para evitar que Venezuela se convierta en un país inviable, sin futuro para las generaciones por venir.

Fuente: Fedecámaras Portuguesa 

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Al país, decisiones para afrontar la conmoción

Al país, decisiones para afrontar la conmoción

 

La Cámara de Comercio de Caracas, mediante un comunicado al país, instó a fijar posiciones de compromisos firmes para recuperar el bienestar de la Nación.

Comunicado completo:

Al país, decisiones para afrontar la conmoción

El momento que vive Venezuela exige fijar posiciones de firme compromiso con la recuperación inmediata del bienestar de la Nación.

En los últimos seis años ha desaparecido 2/3 de nuestra economía. Los ingresos fiscales, internos y externos están en mínimos históricos. La inflación ha destruido nuestra moneda. Se ha destruido la capacidad de nuestra principal industria, el petróleo, y su producción se encuentra en niveles de hace 75 años. La cadena de valor que vincula a productores y consumidores, a la iniciativa y el emprendimiento, con el progreso y el crecimiento, está destruida.

A todo ello se suma ahora la pandemia del coronavirus Covid19, activando cuarentenas y paralizando de manera inmediata y extrema lo que quedaba activo de la capacidad productiva del país, las fallas en los servicios públicos y la severa escasez de combustible, la distribución de bienes y la prestación de servicios se hace compleja e ineficiente, el personal no puede atender debidamente sus responsabilidades, el flujo de caja como elemento clave de grandes y pequeñas empresas se ha reducido al mínimo, haciendo imposible cumplir obligaciones con el personal y acreedores, sin que existan alivios por la vía del crédito u otras fuentes.

Las consecuencias para el sector productivo y los desequilibrios sociales ya están a la vista: pérdidas recurrentes, quiebras, desempleo, desabastecimiento, pobreza. De una situación crítica, estamos ahora ante una verdadera emergencia nacional, tanto humanitaria como económico – financiera que afecta a todo el país y especialmente a los sectores más vulnerables de la población

Lo anterior llama a una actuación pronta y eficiente de los órganos del Estado venezolano al nivel de la gravedad de la situación que ya se ha vuelto catastrófica y nos encuentra sin ingresos, con niveles mínimos históricos de reservas internacionales, excluidos del acceso a las facilidades que hoy en día están disponibles en los organismos multilaterales, sin un fondo de estabilización, ni reservas de ahorro, pero si con una muy débil y reducida relación entre producción y consumo, a las escalas a que han descendido estas magnitudes. Por lo tanto, es urgente adoptar medidas radicales en los ámbitos productivo, fiscal, monetario, financiero y comercial, así como modificar con prontitud los acuerdos arancelarios y migratorios vigentes. La caída estrepitosa de los precios petroleros, avala la necesidad de generar fuentes de ingreso fiscal distintas a la tributación petrolera. La magnitud del esfuerzo que demandan las circunstancias exige la conformación de un ambiente sinceramente cooperativo, del cual emerjan las decisiones que permitan aliviar y superar la conmoción que vive el país y que en ausencia de acciones apropiadas generará un ambiente de extrema gravedad.

La Cámara de Caracas parte de la necesidad perentoria de una definición de una amplía y bien estructurada política de recuperación económica que tienda a la estabilidad y siente las bases del crecimiento de la actividad productiva del país. Que cumpla con las características de una buena política pública como es el que sea debidamente divulgada y discutida con los sectores productivos a través de las organizaciones que los representan. Se trata de hacernos presentes y expresar nuestro firme compromiso con las acciones que reclama la situación del país, para lo cual invocamos las mejores experiencias a nivel mundial. Es el momento de transitar el camino de las acciones de efecto inmediato, que alivien la presión sobre asuntos medulares como la disponibilidad de alimentos, combustibles y servicios para las grandes mayorías, así como aliviar la incidencia de las malformaciones estructurales que impactan al sector productivo, una de las cuales es la carencia de flujos de caja suficientes de las unidades productivas.

Hoy el Estado venezolano está obligado a presentar y ejecutar planes acordes con la emergencia, mediante la inyección de fondos que generen un impulso a la producción y al consumo, ejecutar una política monetaria consistente con las necesidades reales del país. Por su parte, a los empresarios les corresponde gestionar adecuadamente sus riesgos, alcanzar los niveles de producción y eficiencia que sea posible lograr dadas las circunstancias, asegurar lo que esté a su alcance en un marco de políticas públicas adecuadas y consistentes para la continuidad de los negocios, todo ello con el fin de rescatar la economía y el empleo nacional.

Con esa firme convicción, planteamos:

El régimen de encaje legal que desde 2018 ha venido aplicando el BCV con énfasis creciente en la restricción del crédito bancario y en la elevación de los costos financieros de la banca y del crédito, ha sido un factor de grave perturbación, pues ha ocasionado una caída de 75% del crédito en 2019, en términos reales, y ha comprometido seriamente la solvencia y estabilidad del sistema bancario, sin que por ello se haya detenido la inflación ni la depreciación del bolívar. Las más recientes medidas adoptadas en marzo, no representan siquiera un paliativo menor a la restricción crediticia que padecemos. Responsablemente, exigimos la adopción de una política que favorezca el crédito bancario conforme a las necesidades reales de la economía, para lo cual es imprescindible retornar a un régimen basado en el encaje ordinario único sobre los depósitos captados por la banca.

Aplicar incentivos fiscales y crediticios temporales al sector agroalimentario, manufacturero y salud. La indexación de los créditos a las variaciones del tipo de cambio genera un nivel inmanejable de incertidumbre e introduce inconvenientes sobresaltos totalmente contraindicados cuando de recuperar los niveles de producción se trata. Así pues, planteamos la supresión de esa política que también, con las especificidades del caso, aplica a la Cartera Productiva Única Nacional.

Proceder de inmediato a la restitución del régimen a período mensual del IVA a los fines de permitir el ciclo normal de formación de los precios en cada una de las etapas del circuito económico. Esta medida debe estar acompañada de la derogatoria inmediata del régimen de anticipos de impuestos al valor agregado y a la renta.

Diferir la entrada en vigencia de las más recientes reformas del Código Orgánico Tributario, Ley de Impuesto al Valor Agregado y Ley Orgánica de Aduanas.

En comercio exterior exonerar temporalmente de tasas, aranceles e impuestos acompañada de la derogatoria inmediata del régimen de anticipos de impuestos al valor agregado y a la renta esto al valor agregado a la importación de las materias primas e insumos, activos productivos y determinados productos terminados, necesarios para asegurar el abastecimiento de la población; así como eliminar restricciones y agilizar los trámites administrativos, concesión de permisos y procedimientos de importación, tránsito aduanero y movilización de inventarios en el territorio nacional.

El tiempo para la acción que evite males mayores se agota y por ello exigimos que nuestros planteamientos sean escuchados proactivamente. La reactivación de nuestra economía y el combate eficaz al coronavirus Covid19 dependen en mucho de la capacidad que se le reconozca al sector privado para promover disparadores de crecimiento asociados a la inversión, producción y consumo.

Convencidos estamos que el bienestar no lo vamos a recuperar solo por la existencia de un flujo circulante. También es fundamental la cantidad de bienes disponibles para el público, por lo que se requiere estimular la oferta productiva. Estamos convencidos de que la conjunción de factores que han debilitado a extremos inéditos el aparato productivo nacional, agravados por la presencia de Covid-19, han determinado impactos masivos en la oferta y la demanda de bienes y servicios y por ello, las políticas que con urgencia deben adoptarse deben atender ambos componentes del mercado: favorecer la oferta productiva y crear condiciones universales para la reactivación del consumo.

Ante la emergencia nacional es el momento de sumar las ideas y opiniones de todos los venezolanos sin distingos de ninguna especie y comenzar a transitar un camino de prosperidad y paz para todos los habitantes del país.

Caracas, 23 de abril del 2020