12ma reunión ordinaria de Fedecámaras Bolívar: voracidad fiscal atenta contra el sector empresarial

12ma reunión ordinaria de Fedecámaras Bolívar: voracidad fiscal atenta contra el sector empresarial

Este jueves 27 de octubre, se realizó la 12ma reunión ordinaria de Fedecámaras Bolívar del período 2021-2023. Participaron 13 cámaras base en un espacio que se aprovechó para exponer el panorama actual de los sectores, y recalcar la importancia del trabajo en conjunto para superar los agravios en materia tributaria que han golpeado a los empresarios.

El presidente de Fedecámaras Bolívar, Austerio González, recordó que como institución deben “promover el desarrollo y la diversificación de la economía y apoyar el desarrollo socioeconómico de la región con la constitución de propuestas, planes y proyectos”.

De esta manera, González presentó Guayana Propone, un programa que contiene lineamientos para trabajar en la recuperación de las empresas de Guayana y la reactivación de la economía de la región, de forma sustentable y con ayuda de inversores privados.

El primer vicepresidente de Fedecámaras Bolívar, David Bermúdez, resaltó la importancia de que como institución sigan promoviendo la democracia gremial y la libre empresa.

  • Empresarios afectados por medidas tributarias

El directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Bolívar, Albe Gorrín, sostuvo que la voracidad fiscal pasó a convertirse en “monstruosidad fiscal” que está “acabando con la esperanza” de los comerciantes de Ciudad Bolívar. Además, han recibido facturas que son “absolutamente impagables” por parte de Corpoelec.

El primer vicepresidente de Camcaroní, Raúl Gil, destacó que la cámara mantiene una posición de rechazo al Proyecto de Ordenanza de Solvencia Única que se pretende imponer en el municipio. “Se violan principios constitucionales tributarios relacionados y tipificados en el artículo 316 y 317 de la Constitución”, añadió.

Gil recordó que el artículo 160 de la Ley del Poder Público Municipal establece que los municipios no deben admitir leyes confiscatorias y leyes u ordenanzas que no respeten la capacidad económica del contribuyente.

A su vez, el presidente de Calicor Bolívar, Franklin Fernández, sostuvo que su sector está en “alerta roja” debido a una reducción de más del 60% de comercios de licores. Detalló que esto se debe a la toma de decisiones tributarias “no apegadas a la norma”.

El presidente de Andiep Caroní, John Lara, indicó que hubo “un repunte importante de un 30% de inscritos en los plantes”, lo que oxigena la operatividad de los institutos privados.

Sin embargo, en materia tributaria, Lara expresó que los impuestos son cada vez más “preocupantes porque van a incrementar los gastos de una manera que la estructura de costos de los colegios no lo va a soportar”.

El vicepresidente de Asocanaima, Javier Cubillo, enfatizó que “el turismo no se escapa del tema de los impuestos” ya que las empresas turísticas deben cumplir con un aporte del 1% al Ministerio de Turismo, el cual no es retribuido con promoción ni capacitación turística.

Desde Asocanaima solicitaron a autoridades del Estado que se “facilite la operación turística” con combustible, facilidad de vuelos, permisos y garantías de trabajo.

La presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Piar, Magnolia Lanz, resaltó que desde la cámara han trabajado en la anulación del decreto 008. Dicho decreto, violando la ley, impone medidas para el pago de tributos que atentan contra el empresario del municipio.

Por otro lado, insistió que la empresa de electricidad, Corpoelec, sigue cobrando facturas por capacidad instalada del comercio y no por consumo, lo que implica tener que pagar altas facturas por un servicio que no se utiliza en su totalidad.

El asesor permanente de Fedecámaras Bolívar, Camilo London, planteó una posible solución al problema de la baja recaudación municipal. Dicha solución contempla una ordenanza de remisión tributaria que permita corregir las declaraciones de impuestos desde el año 2020 cuando inició la pandemia.

  • Gestión gremial y renovación de liderazgos

El primer vicepresidente de Camcaroní destacó la presencia y participación de su cámara en la Cumbre Iberoamericana de Sostenibilidad y Negocio que se celebró en Bogotá (Colombia).

Del mismo modo, celebró la formalización de la Cámara Junior Internacional Bolívar (JCI Bolívar) durante la LV Convención Nacional de JCI Venezuela “Zulia Emprende 2022”. Esta nueva organización se juramentará en enero con la idea de formar a jóvenes empresarios como generación de relevo del sector empresarial.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Bolívar, Alexander Ayala, expresó su apoyo al sector comercio con la reinauguración del C.C. Trébol 2. Con esta reapertura se logró una respuesta positiva en cuanto a la adquisición de locales comerciales y se establecieron alianzas con cámaras como: Camcaroní, Cámara de Turismo del estado Bolívar y Camindustrias Bolívar.

Ayala concluyó su intervención reiterando el compromiso de renovar las autoridades de la cámara que preside. Las gestiones están pautadas para iniciar el 3 de noviembre, con la reapertura del llamado a asamblea general de afiliados.

La tesorera de la Cámara de Turismo del estado Bolívar, Yolimar Rondón, indicó que su cámara está realizando las gestiones para convocar a sus afiliados a elecciones y renovar liderazgos en el mes de diciembre.

El presidente de la Camindustrias Bolívar, Juan Pablo Paris, detalló que han logrado acercamientos con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en búsqueda de alianzas público – privadas que permitan impulsar la producción del sector industrial.

Por otro lado, resaltó que el Comité de Damas de Camindustrias Bolívar fue enlace en la donación de paneles solares a FundaSalud, lo que le permitirá a la organización realizar operaciones ambulatorias sin las limitantes que implican los cortes eléctricos.

El vicepresidente de la Cámara de la Construcción del estado Bolívar, Atawalpa Siso, manifestó que su sector ha evidenciado “cierto movimiento de construcción” en comparación a años anteriores, de manera que, están realizándose algunas obras en la región.

Fedecámaras Bolívar ya ha cumplido con más de 12 reuniones ordinarias en poco más de un año de gestión, lo que evidencia el trabajo gremial por el impulso de la economía.

Nota de prensa

CCM: “La voracidad fiscal castiga al ciudadano común”

CCM: “La voracidad fiscal castiga al ciudadano común”

Desde el año 2019, empezó un proceso de dolarización informal o de hecho en la economía venezolana, el cual ha permitido ralentizar la hiperinflación y dinamizar las transacciones comerciales. Dicha dolarización transaccional, ha ayudado a estabilizar la situación económica e incluso, permitir cierto ahorro mediante la apertura de cuentas denominadas en dólares en la banca nacional. Esta realidad, junto con el descenso del encaje legal, el cual persigue la reactivación del crédito, abonan el terreno para que la economía pueda crecer. Sin embargo, toda posibilidad de crecimiento, está ahora en peligro ante las nuevas medidas tributarias que el Gobierno Nacional busca implementar.

La Asamblea Nacional (AN) aprobó el pasado jueves 03 de febrero y en segunda discusión, la reforma a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (LIGTF). Dicha reforma, busca pechar con un impuesto a todas las operaciones comerciales (compra-venta) o financieras (débitos bancarios) que se lleven a cabo en Venezuela con moneda extranjera, o con criptomonedas distintas al Petro. Este impuesto deberá ser pagado tanto por las personas naturales como jurídicas al momento de realizar compras en cualquier empresa considerada sujetos pasivos especiales, tales como los supermercados, clínicas, comercios y demás empresas clasificadas como contribuyentes especiales por el SENIAT, o al realizar débitos o retiros en sus cuentas denominadas en dólares, mantenidas en la banca nacional.

Si bien este impuesto comienza con una tasa del 2,5%, el Ejecutivo Nacional tiene la potestad de llevarlo eventualmente hasta un 20%, dependiendo de la naturaleza de la transacción. La discrecionalidad del Gobierno para fijar una tasa significativamente más alta en cualquier momento, genera más inseguridad e incertidumbre, atentando contra la inversión privada. Este nuevo impuesto se sumaría ahora al alto costo de los combustibles, y al exagerado aumento en las tasas de registros y notarías.

Ante esta situación, la Cámara de Comercio de Maracaibo alerta públicamente lo siguiente:

El artículo 211 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) señala claramente que la reforma de la LIGTF debe tener una real fase de discusión pública en la asamblea, que hubiese servido de escenario para que el sector empresarial nacional hiciese todas las observaciones del caso.

Este impuesto es de naturaleza regresiva, ya que pecha a todos por igual sin tomar en cuenta la capacidad contributiva del sujeto. Asimismo, se paga independientemente de que la empresa haya tenido ganancias o pérdidas.

Siendo el Bolívar la única unidad monetaria de Venezuela (Art. 318 de la CRBV), es debatible la intención de gravar transacciones con otras monedas diferentes al Bolívar.
El cobro de este nuevo impuesto impactará negativamente sobre los esfuerzos que ha hecho el ciudadano común para proteger sus ingresos.
Este impuesto, tal y como está concebido, se traduce en más costos para las empresas, los cuales terminan por generar mayor inflación y, por ende, menor crecimiento económico.

Venezuela tiene hoy en día una dolarización transaccional que ha permitido a los consumidores, proteger su poder de compra; a los trabajadores, proteger el valor de su salario y de sus ahorros; y a las empresas, poder adquirir materia prima, insumos y cobrar por los bienes y servicios sin temor a descapitalizarse. En nuestra institución, no tenemos dudas de que la dolarización transaccional de la economía, ha sido una medida fundamental para poner freno a la contracción económica. Sin embargo, consideramos que este nuevo impuesto va a limitar aún más el flujo de caja de las compañías, estableciendo un nuevo obstáculo a cualquier potencial crecimiento.

Si con este impuesto el Gobierno Nacional quiere fortalecer sus ingresos por las transacciones en divisas, hay que recordar que hoy en día, cuando el consumidor paga en dólares al comercio, este emite una factura en donde, salvo productos exentos, se genera tanto un IVA (16%) como una incidencia en la recaudación del ISLR. Por lo tanto, en vez de promover nuevos impuestos, se debe trabajar en optimizar la recaudación de los ya existentes.

Las empresas nacionales que hoy enfrentan a la competencia desleal de productos importados que no pagan impuestos ni aranceles, tendrán ahora un nuevo impedimento que las obliga a incrementar el precio de sus productos, haciéndolas menos competitivas. Este nuevo impuesto beneficia indirectamente a quienes hoy no pagan impuestos y operan al margen de la Ley. La informalidad de la economía nacional seguirá creciendo, perjudicando al final la recaudación tanto del SENIAT como de las Alcaldías.

Finalmente, más que buscar aumentar la recaudación fiscal en este momento, el Ejecutivo Nacional debe tener como prioridad establecer incentivos a la economía para buscar el crecimiento económico de la mano del sector privado. De allí que se deben facilitar las transacciones en divisas mediante el establecimiento de una cámara de compensación en dólares y permitir las transferencias de divisas entre la cuenta custodia en dólares de un banco a otro.

Por lo tanto, la Cámara de Comercio de Maracaibo objeta la aplicación de este nuevo impuesto tal y como está concebido, y hace un llamado tanto al Gobierno Nacional como a la Asamblea Nacional, a retomar la discusión pública con participación del sector empresarial representado en FEDECAMARAS, a los fines de hacer observaciones y propuestas económicas consensuadas sobre la LIGTF, que minimicen el impacto de la misma sobre el ciudadano y no ponga en riesgo la posibilidad de una reactivación económica.

Nota de prensa

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La voracidad fiscal municipal es un problema que afecta a empresas y consumidores

La voracidad fiscal municipal es un problema que afecta a empresas y consumidores

Urge poner fin a la tributación confiscatoria de los municipios y que los candidatos a Alcaldes den a conocer sus propuestas para enfrentarla.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, La Cámara de Caracas, Leonardo Palacios, alertó y exigió al Tribunal Supremo de Justicia, y a todos los órganos del Poder Público a poner coto a todo el deslave institucional que representa la
tributación confiscatoria e inconstitucional establecida por los municipios.

Ante la cercanía de las elecciones municipales, en opinión de Palacios, más que caras y postulaciones de partidos, la población debe tener la oportunidad de conocer y evaluar detenidamente, los programas y propuestas de los candidatos a alcaldes y concejales a los
efectos del ejercicio del régimen municipal.

Destacó que es importante tener en consideración que la sentencia de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que ordena la armonización tributaria municipal, ordenada de manera inmediata por el artículo 156 numeral 13 de la Constitución, lejos de alcanzar el
propósito de armonizar y coordinar, se constituyó en licencia o autorización implícita para que los municipios, incrementaran las alícuotas impositivas en materia de impuestos a las actividades económicas e inmobiliario urbano (derecho de frente).

Palacios enumera los elementos distorsivos de la voracidad fiscal municipal en la economía:

1. Representa incrementos exacerbados que se reflejan en los precios de bienes y servicios, afectando la rentabilidad de las empresas, y también a los consumidores, pues todos los tributos son trasladados de acuerdo a la mecánica económica
subyacente.
2. Afecta la recaudación nacional porque los tributos municipales exacerbados se deducen a los efectos de determinación del impuesto sobre la renta.
3. Aleja el proceso de inversión nacional y extranjera, la capitalización y extensión de las actividades económicas en territorio nacional. Representando un contrasentido con las ofertas y propuestas que vienen manejando el Ejecutivo y la Asamblea Nacional para buscar la inversión nacional y extranjera, así como la reactivación económica
4. Ocasiona un costo importante de cumplimiento que las empresas no pueden sufragar, tomando en cuenta las alícuotas o porcentajes que se aplican a los ingresos brutos, castigando la rentabilidad.

De esta manera los tributos locales son parte, en criterio del presidente de la Cámara de Caracas, de un sistema irracional, inconstitucional, que afecta la libertad, y propiedad económica.

“No puede tenerse una recuperación y crecimiento económico con una tributación municipal exacerbada, que aunada a la existencia de otros tributos distorsivos como el Impuesto a los Grandes Patrimonios y el Impuesto a las transacciones financieras, hacen imposible un desarrollo y desenvolvimiento normal de la economía”

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