Presidente de la Cámara de Caracas exhorta a un Pacto Fiscal

Presidente de la Cámara de Caracas exhorta a un Pacto Fiscal

La aprobación en la Asamblea Nacional de la Reforma de la Ley del Impuesto a los Grandes Patrimonios, en opinión de Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, terminó de derrumbar el sistema tributario venezolano, que ya había implosionado por graves distorsiones como por ejemplo la múltiple imposición o el manejo de la figura de contribuyentes especiales sin tomar en cuenta la verdadera capacidad económica.

Palacios plantea que es urgente diseñar un sistema nacional tributario democrático, que conlleve la coherencia necesaria entre la política tributaria con las políticas económica y monetaria. Alerta que la omisión de un verdadero Plan Maestro de Reforma Tributaria implosiona la estructura de impuestos en perjuicio de la economía, las empresas y el ciudadano. “Es necesario construir bases consensuales para celebrar un Pacto Fiscal que permita la recuperación y crecimiento económico”.

El dirigente gremial propuso este debate durante la realización del evento “Análisis legal y económico del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras”, organizado por la Cámara de Caracas en alianza con la Academia Nacional de Ciencias Económicas y la Asamblea de Ciencias Políticas y Sociales.

En esta actividad participó el economista Leonardo Vera, miembro de la ANCE, quien explicó los efectos negativos del IGTF para las personas naturales y pequeños contribuyentes. De acuerdo a lo que se ha conocido de la reforma, Vera señala que una persona que gane 33 dólares al año, así como una empresa produzca 133 dólares anuales serían contribuyentes especiales.

Por este tipo distorsiones concluye que con la reforma el IGTF deja de ser un tributo a las grandes transacciones financieras para convertirse en un impuesto a cualquier transacción financiera o no, y no necesariamente grandes. “El contenido de la reforma transgrede la filosofía de la ley, y como tal debe ser anulada”.

Los académicos Juan Cristóbal Carmona y Luis Zambrano Sequín fueron los encargados de comentar las ponencias de los profesores Palacios y Vera. Zambrano presentó estimaciones de la recaudación del IGTF al cierre de 2022.

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Cámara de Caracas: Urge una reforma de la recién promulgada Ley de Registros y Notarías

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, La Cámara de Caracas, Leonardo Palacios, fijó posición ante la Reforma de la Ley para Registros y Notarías, cuya aprobación fue hecha sin dar cumplimiento a la consulta pública prevista en el artículo 211 de la Constitución, expresando que en defensa de la propiedad y la libertad económica desde la institución se plantea que debe iniciarse una urgente una reforma de la recién aprobado.

Uno de los principales cambios en esta ley, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.668 de fecha 16 de diciembre de 2021, es que las tasas de Registros y Notarías serán sobre la base del cripto activo denominado «Petro». Esta medida no solo trae confusión en torno a cómo deben ser calculadas, sino que además a partir de una magnitud inconstitucional –acusado por importantes juristas y Corporaciones Académicas- acarrea incrementos elevadísimos y, por tanto, irracionales.

El gobierno, expresa Palacios, intensifica la determinación y pago de tributos con el «Petro», sustituyendo la Unidad Tributaria (UT) lo cual supone una dolarización encubierta de la economía. Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Caracas, exige observancia del derecho de propiedad, del ejercicio de la libertad de actividad económica, para lo cual se requiere de formas expeditas y reducción de abierta discrecionalidad para evitar expresiones impropias de la función registral que sean caldo de cultivo de prácticas contrarias a los principios constitucionales, que rigen la Administración Pública.

El respeto al derecho fundamental a una buena Administración Pública o derecho al buen gobierno, exige formas no engorrosas registrales para garantizar el derecho de propiedad frente a agentes económicos privados y frente al propio Estado en cualquiera de sus manifestaciones.

Si el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional son sinceros y coherentes en cuanto al deseo de atracción de la inversiones nacionales y extrajeras, la reactivación y recuperación económica, deben en ejercicio de la iniciativa de ley constitucionalmente atribuida, proceder en un término perentorio a la presentación de un Proyecto de Ley de Reforma parcial de la Ley de Registros y Notarías, que:

  • Contemple formas expeditas registrales y notariales,
  • Reducción de la discrecionalidad que genera corruptelas, retardos y costos transaccionales paralelos.
  • Disminución y sinceración de las magnitudes y alícuotas de determinación de impuestos y tasas, como por ejemplo del impuesto a las transacciones inmobiliarias que fue elevado de 0,6 a 2 en el último tramo de las los derechos de terceros
  • Definir una carrera administrativa registral y notarial para evitar la improvisación, la piratería y el deterioro de esta importante función del Estado.

“La seguridad jurídica y la racionalidad de la tributación son valores esenciales de un sistema tributario democrático, evitando formas de exacción que hacen ilusorio el ejercicio de derechos fundamentales del ciudadano y de las empresas.”, recalca Palacios.

El presidente de esta instancia empresarial y ex presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario insta a los órganos del Poder Público a evitar la consumación de la violación al derecho a una buena administración, cercenando los derechos de todos los venezolanos y alentando a formas de actuación funcionarial anómicas que atentan contra el propio Estado, al afectar su capacidad recaudatoria.

“Una ley simple, transparente, con tributos racionales y exigencias de formación y experiencia funcionarial, un proceso de discusión abierta con todos los sectores económicos involucrados Colegio Abogados asegura la ganancia de todos- el Estado y los particulares- se reactiva la económica y se establecen bases ancladas en la seguridad jurídica, es el objetivo común y perseguido por todos”, concluye Palacios.

Nota de prensa Cámara de Comercio, Industria y Servicio

Presidente de la Cámara de Caracas exhorta a un Pacto Fiscal

La voracidad fiscal municipal es un problema que afecta a empresas y consumidores

Urge poner fin a la tributación confiscatoria de los municipios y que los candidatos a Alcaldes den a conocer sus propuestas para enfrentarla.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, La Cámara de Caracas, Leonardo Palacios, alertó y exigió al Tribunal Supremo de Justicia, y a todos los órganos del Poder Público a poner coto a todo el deslave institucional que representa la
tributación confiscatoria e inconstitucional establecida por los municipios.

Ante la cercanía de las elecciones municipales, en opinión de Palacios, más que caras y postulaciones de partidos, la población debe tener la oportunidad de conocer y evaluar detenidamente, los programas y propuestas de los candidatos a alcaldes y concejales a los
efectos del ejercicio del régimen municipal.

Destacó que es importante tener en consideración que la sentencia de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que ordena la armonización tributaria municipal, ordenada de manera inmediata por el artículo 156 numeral 13 de la Constitución, lejos de alcanzar el
propósito de armonizar y coordinar, se constituyó en licencia o autorización implícita para que los municipios, incrementaran las alícuotas impositivas en materia de impuestos a las actividades económicas e inmobiliario urbano (derecho de frente).

Palacios enumera los elementos distorsivos de la voracidad fiscal municipal en la economía:

1. Representa incrementos exacerbados que se reflejan en los precios de bienes y servicios, afectando la rentabilidad de las empresas, y también a los consumidores, pues todos los tributos son trasladados de acuerdo a la mecánica económica
subyacente.
2. Afecta la recaudación nacional porque los tributos municipales exacerbados se deducen a los efectos de determinación del impuesto sobre la renta.
3. Aleja el proceso de inversión nacional y extranjera, la capitalización y extensión de las actividades económicas en territorio nacional. Representando un contrasentido con las ofertas y propuestas que vienen manejando el Ejecutivo y la Asamblea Nacional para buscar la inversión nacional y extranjera, así como la reactivación económica
4. Ocasiona un costo importante de cumplimiento que las empresas no pueden sufragar, tomando en cuenta las alícuotas o porcentajes que se aplican a los ingresos brutos, castigando la rentabilidad.

De esta manera los tributos locales son parte, en criterio del presidente de la Cámara de Caracas, de un sistema irracional, inconstitucional, que afecta la libertad, y propiedad económica.

“No puede tenerse una recuperación y crecimiento económico con una tributación municipal exacerbada, que aunada a la existencia de otros tributos distorsivos como el Impuesto a los Grandes Patrimonios y el Impuesto a las transacciones financieras, hacen imposible un desarrollo y desenvolvimiento normal de la economía”

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Cámara de Caracas pide revisión de impuestos municipales

Cámara de Caracas pide revisión de impuestos municipales

En medio de cobros excesivos, irracionales, confiscatorios e inconstitucionales de los impuestos municipales, un estado de indefensión al no ser escuchados los llamados para una revisión de esos aumentos, además de los abusos y todas las dificultades originadas por la pandemia COVID-19, el empresario venezolano sigue trabajando, sigue produciendo, afirma Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas.

El dirigente gremial pide a las autoridades municipales revisar las tasas impositivas que en algunos casos han aumentado hasta en 1.300%, y no optar por ejercer medidas judiciales, medidas cautelares, secuestros, embargos en contra de las empresas que no están al día con el pago del aseo urbano.

Los altos incrementos se han dado en algunos municipios como Chacao, en Caracas, y otros en el interior del país como Valencia en Carabobo; Maracaibo y San Francisco en Zulia.

“Hay que tener en cuenta que todo impuesto que soporte el empresario, que todo impuesto que castigue su rentabilidad, es trasladado en los precios de bienes y servicios al consumidor, entonces no es un problema solo del empresariado, es un problema del empresario y la calidad de vida del ciudadano. De 12.000 empresas hace 5 años, en este momento solo están operativas 2.000”.

Palacios analiza lo que está sucediendo con los impuestos a la actividad económica y mobiliario urbano (derecho de frente), y concluye que la irracionalidad de los impuestos municipales es una de las consecuencias de no haber trabajado en todas las localidades la armonización municipal que ordenó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en julio de 2020.

Recuerda que solo las autoridades municipales capitalinas de Libertador y Sucre iniciaron procesos de armonización. En otros municipios, reclama Palacios, en lugar de armonizar, se concentraron en incrementar las alícuotas impositivas.

Pide sentarse a discutir los aumentos de los impuestos a las actividades económicas y mobiliario urbano. Y tener presente que muchas empresas, por la paralización debido a la pandemia, largamente extendida a través del esquema 7+7, no han podido abrir o han tenido que producir a medias, sin ningún tipo de incentivo o ayuda. Muy distinto a lo que ocurre con “la economía chocolatera, de bodegones” que tiene incentivos a pesar de no ser fuente de producción nacional ni de pago de impuestos.

“Toda esta serie de elementos, impuestos no discutidos, incrementados, normalizados, presiones indebidas de los municipios, amenazando con cierre, los abusos, matracas, más toda la presión que existe a nivel de la tributación nacional, hace imposible que el industrial produzca, que el comerciante distribuya, venda o preste servicio y adicionalmente estás enriqueciendo entidades paralelas distintas del Estado con una situación fiscal tan comprometida como la que tenemos”

El presidente de la Cámara de Caracas insiste en que los empresarios están dispuestos a volver reunirse “porque no se trata de legitimar o no a nadie”, sino de buscar soluciones que permitan la armonización tributaria, para que el sector privado no siga sacrificando más su capacidad económica y que el pago de los tributos se vea reflejado en mejoras en las ciudades que necesitan alumbrado, servicios de aseo urbano y calles sin huecos.

Nota de prensa

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Cámara de Caracas: Crisis de combustible requiere soluciones urgentes, no improvisaciones

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Ante la falta de diésel, Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios (Cámara de Caracas) advierte que el colapso, por la paralización la producción de bienes y la prestación de servicios para el bienestar de los venezolanos, no aguanta mucho más de un par de semanas.

Por medio de un comunicado, Palacios enfatizó que es urgente la toma de medidas a largo plazo que permitan subsanar la situación.

Reiteró que el gobierno no puede transferir al sector privado su responsabilidad en la resolución de las fallas en el suministro de combustible, que agravan lo que denominó como “pandemia económica”.

“Es al gobierno al que corresponde atender la crisis de combustible, que no puede resolverse con pañitos calientes, con el traslado de costos adicionales, transaccionales y financieros de importación de producto en un marco regulatorio que se hace muy complejo para tales fines. Debe haber una respuesta oficial contundente a todas aquellas exigencias, que no son más que el clamor de todo el sector privado productivo, para beneficiar a la ciudadanía en general, y evitar que la pandemia sanitaria se siga solapando con la pandemia económica, causando muchos más estragos en la situación del país y específicamente en la afectación del derecho fundamental del venezolano de acceder a bienes y servicios para satisfacer sus necesidades”

Insistió en que los eslabones de la cadena productiva requieren respuestas urgentes acordes a la situación crítica que vive el país, agudizada con la pandemia, y que el Plan de 60 días propuesto por el gobierno, no atiende el problema con la inmediatez que se requiere.

Aquí puede leer el comunicado íntegro: Crisis de combustible requiere soluciones permanentes

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