CCM: “La voracidad fiscal castiga al ciudadano común”

CCM: “La voracidad fiscal castiga al ciudadano común”

Desde el año 2019, empezó un proceso de dolarización informal o de hecho en la economía venezolana, el cual ha permitido ralentizar la hiperinflación y dinamizar las transacciones comerciales. Dicha dolarización transaccional, ha ayudado a estabilizar la situación económica e incluso, permitir cierto ahorro mediante la apertura de cuentas denominadas en dólares en la banca nacional. Esta realidad, junto con el descenso del encaje legal, el cual persigue la reactivación del crédito, abonan el terreno para que la economía pueda crecer. Sin embargo, toda posibilidad de crecimiento, está ahora en peligro ante las nuevas medidas tributarias que el Gobierno Nacional busca implementar.

La Asamblea Nacional (AN) aprobó el pasado jueves 03 de febrero y en segunda discusión, la reforma a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (LIGTF). Dicha reforma, busca pechar con un impuesto a todas las operaciones comerciales (compra-venta) o financieras (débitos bancarios) que se lleven a cabo en Venezuela con moneda extranjera, o con criptomonedas distintas al Petro. Este impuesto deberá ser pagado tanto por las personas naturales como jurídicas al momento de realizar compras en cualquier empresa considerada sujetos pasivos especiales, tales como los supermercados, clínicas, comercios y demás empresas clasificadas como contribuyentes especiales por el SENIAT, o al realizar débitos o retiros en sus cuentas denominadas en dólares, mantenidas en la banca nacional.

Si bien este impuesto comienza con una tasa del 2,5%, el Ejecutivo Nacional tiene la potestad de llevarlo eventualmente hasta un 20%, dependiendo de la naturaleza de la transacción. La discrecionalidad del Gobierno para fijar una tasa significativamente más alta en cualquier momento, genera más inseguridad e incertidumbre, atentando contra la inversión privada. Este nuevo impuesto se sumaría ahora al alto costo de los combustibles, y al exagerado aumento en las tasas de registros y notarías.

Ante esta situación, la Cámara de Comercio de Maracaibo alerta públicamente lo siguiente:

El artículo 211 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) señala claramente que la reforma de la LIGTF debe tener una real fase de discusión pública en la asamblea, que hubiese servido de escenario para que el sector empresarial nacional hiciese todas las observaciones del caso.

Este impuesto es de naturaleza regresiva, ya que pecha a todos por igual sin tomar en cuenta la capacidad contributiva del sujeto. Asimismo, se paga independientemente de que la empresa haya tenido ganancias o pérdidas.

Siendo el Bolívar la única unidad monetaria de Venezuela (Art. 318 de la CRBV), es debatible la intención de gravar transacciones con otras monedas diferentes al Bolívar.
El cobro de este nuevo impuesto impactará negativamente sobre los esfuerzos que ha hecho el ciudadano común para proteger sus ingresos.
Este impuesto, tal y como está concebido, se traduce en más costos para las empresas, los cuales terminan por generar mayor inflación y, por ende, menor crecimiento económico.

Venezuela tiene hoy en día una dolarización transaccional que ha permitido a los consumidores, proteger su poder de compra; a los trabajadores, proteger el valor de su salario y de sus ahorros; y a las empresas, poder adquirir materia prima, insumos y cobrar por los bienes y servicios sin temor a descapitalizarse. En nuestra institución, no tenemos dudas de que la dolarización transaccional de la economía, ha sido una medida fundamental para poner freno a la contracción económica. Sin embargo, consideramos que este nuevo impuesto va a limitar aún más el flujo de caja de las compañías, estableciendo un nuevo obstáculo a cualquier potencial crecimiento.

Si con este impuesto el Gobierno Nacional quiere fortalecer sus ingresos por las transacciones en divisas, hay que recordar que hoy en día, cuando el consumidor paga en dólares al comercio, este emite una factura en donde, salvo productos exentos, se genera tanto un IVA (16%) como una incidencia en la recaudación del ISLR. Por lo tanto, en vez de promover nuevos impuestos, se debe trabajar en optimizar la recaudación de los ya existentes.

Las empresas nacionales que hoy enfrentan a la competencia desleal de productos importados que no pagan impuestos ni aranceles, tendrán ahora un nuevo impedimento que las obliga a incrementar el precio de sus productos, haciéndolas menos competitivas. Este nuevo impuesto beneficia indirectamente a quienes hoy no pagan impuestos y operan al margen de la Ley. La informalidad de la economía nacional seguirá creciendo, perjudicando al final la recaudación tanto del SENIAT como de las Alcaldías.

Finalmente, más que buscar aumentar la recaudación fiscal en este momento, el Ejecutivo Nacional debe tener como prioridad establecer incentivos a la economía para buscar el crecimiento económico de la mano del sector privado. De allí que se deben facilitar las transacciones en divisas mediante el establecimiento de una cámara de compensación en dólares y permitir las transferencias de divisas entre la cuenta custodia en dólares de un banco a otro.

Por lo tanto, la Cámara de Comercio de Maracaibo objeta la aplicación de este nuevo impuesto tal y como está concebido, y hace un llamado tanto al Gobierno Nacional como a la Asamblea Nacional, a retomar la discusión pública con participación del sector empresarial representado en FEDECAMARAS, a los fines de hacer observaciones y propuestas económicas consensuadas sobre la LIGTF, que minimicen el impacto de la misma sobre el ciudadano y no ponga en riesgo la posibilidad de una reactivación económica.

Nota de prensa

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CCM: El Centro de Arte Lía Bermúdez es zuliano

Ante la decisión de las autoridades salientes de la gobernación del estado Zulia, de transferir la tutela del CAM LB a Corpozulia, dependencia del gobierno nacional, la Cámara de Comercio de Maracaibo, en su calidad de miembro fundador de la referida institución y como doliente activo de los entes culturales y patrimoniales de Maracaibo, comunica su rechazo a dicho traspaso, absolutamente carente de justificación.

A través de un comunicado, la Cámara de Comercio de Maracaibo expresó que el Centro de Arte Lía Bermúdez es, por su historia como mercado popular, su muy exitosa transformación en Centro Cultural y por la personalidad de su fundadora, la gran artista plástica Lía Bermúdez, una obra emblemática de la ciudad y parte importante de su identidad.

En lo cultural, su gestión plural fue digna de reconocimiento nacional e internacional por la promoción y divulgación de todas las formas de
expresiones artísticas. A pesar de recibir bajas contribuciones presupuestarias del Ministerio de la Cultura, logró una gestión sustentable, altamente autofinanciada hasta mayo 2018, año en el cual el gobierno regional saliente asumió la responsabilidad de su gestión.

Es oportuno recordar que los activos e instituciones pertenecen o dependen de los estados o municipios y no de los gobiernos, que solo los administran durante sus mandatos.

Las eventuales modificaciones de las competencias o adscripciones de las instituciones de un organismo público a otro, tienen que ser debatidas y analizadas con detenimiento y transparencia, en función de criterios objetivos y no decididas de emergencia, ignorando a aquellos que son la razón de ser de dichas instituciones.

Finalmente resultaría por lo menos insólito y contradictorio adoptar una medida de centralización de una institución regional en ocasión de un proceso de elecciones locales que celebran la descentralización y más aún cuando los ciudadanos eligieron nuevas autoridades regionales y municipales.

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CCM: El Zulia, motor petrolero y agroindustrial de Venezuela

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Venezuela continúa atravesando por la más grave crisis económica, política y social de su historia reciente. Si bien el parque industrial nacional no da muestra de mejoras, algunos sectores comerciales y de servicios comienzan a mostrar cierta estabilidad en sus ventas, e incluso una discreta mejora de los ingresos.

El comunicado reza que urge definir un plan de acción u hoja de ruta que contemple las medidas necesarias para devolver a Venezuela al camino del crecimiento y desarrollo.

“De allí que las próximas elecciones a Gobernadores y Alcaldes son una excelente oportunidad para darle un nuevo impulso a las regiones. En el caso del estado Zulia, el potencial de crecimiento de los negocios petrolero, turismo, agropecuario e industrial son inmensos, habida cuenta de los recursos naturales renovables y no renovables que posee. Pero para su desarrollo y recuperación, hace falta inversión de capital con la cual el Estado venezolano no cuenta”

La Cámara de Comercio de Maracaibo, exhorta al Gobierno Nacional a iniciar cuanto antes los cambios necesarios para atraer la inversión privada nacional y extranjera, para de esta manera, desencadenar el potencial económico de la región. Entre las medidas que podemos poner en práctica en el Zulia, están las siguientes:

  1. Reversión de las expropiaciones. Durante el año 2009, el Gobierno de turno decretó la expropiación de 76 empresas que prestaban servicios de transporte y mantenimiento a la estatal PDVSA en el Lago Maracaibo. Dichas expropiaciones incidieron negativamente en 3 niveles, al afectar al contratista propiamente, a sus proveedores directos e indirectos y a los comerciantes de la zona. PDVSA no pudo asumir directamente los trabajos altamente especializados que dichas contratistas llevaban a cabo, por lo que la producción de petróleo en el Lago de Maracaibo y sus zonas aledañas se desplomó desde algo más de 1 millón de barriles diarios en ese entonces, a apenas 110.000 barriles diarios al día de hoy. Ante la dependencia de la economía regional de la explotación petrolera, todo el Zulia sintió las consecuencias económicas de dicho proceso de expropiación. En las áreas agropecuaria y agroindustrial, se expropiaron fincas en plena producción de leche, carne y sus derivados, fincas agrícolas y empresas proveedoras de alimentos e insumos, por la supuesta razón de luchar contra el latifundio y redistribuir la tierra entre los campesinos. La realidad es que dichas tierras eran trabajadas y explotadas exitosamente por varias generaciones de zulianos, incluso desde cuando en las zonas rurales no existía vialidad ni servicios públicos, para el beneficio directo de sus trabajadores y campesinos. Hoy en día, la gran mayoría de las empresas expropiadas y de las fincas agropecuarias están cerradas o abandonadas, sin producir nada. Por lo tanto, el Gobierno Nacional debe implementar una política de devolución de empresas y unidades de producción a sus anteriores dueños, quienes tienen principalmente el conocimiento técnico para ponerlas a producir, junto con un plan de incentivos financieros y fiscales que estimulen la inversión de capital, buscando en el corto plazo una reactivación de las unidades productivas.
  2. Privatización o asociación con capital privado. Para cambiar de rumbo y deshacer gran parte de las medidas que terminaron por deprimir la economía nacional, se debe comenzar por vender o privatizar de manera transparente la gran cantidad de empresas públicas manejadas por el gobierno, o en su defecto, promover asociaciones o alianzas con el sector privado que le permita a las empresas, recibir una gerencia profesional y capital fresco para recuperar los niveles de producción del pasado. Podemos conseguir empresas nacionalizadas, expropiadas o confiscadas en todos los sectores de la economía: mineras, agrícolas, industriales, eléctricas, bancarias, telecomunicaciones, laboratorios, empresas básicas (aluminio, hierro, bauxita), hoteles, transporte marítimo, terrestre y aéreo, alimentos, plantas químicas, plásticos, procesadores de café, silos de granos, por solo nombrar algunos. La figura del Estado-Empresario no tiene cabida en las economías modernas, ya que es responsabilidad del sector privado gerenciar empresas productoras de bienes y servicios. El tiempo, finalmente, nos dio la razón. Pero si queremos realmente atraer al capital privado, el Gobierno Nacional debe ofrecer ante todo seguridad jurídica y garantías legales. Respecto a la inversión petrolera, las sanciones impuestas al país solo prohíben hacer negocios con PDVSA, por lo que las empresas petroleras multinacionales, en teoría, pudiesen desarrollar las enormes reservas de crudo en el país al trabajar por sí solas. Por lo tanto, se debe derogar o modificar la Ley de Hidrocarburos aprobada en el año 2006, para permitir a las empresas privadas tener la mayoría accionaria en las empresas mixtas y así poder invertir y manejar la explotación petrolera en los campos asignados. Al mismo tiempo, la participación del sector privado en la producción y refinación de gasolina, diésel y gas no puede esperar más. El país está semi paralizado por la falta de combustibles. Venezuela pasó en algo más de 5 años, de país exportador de combustibles a importador de los mismos. Solo con la gerencia adecuada e inyección intensiva de capital, podremos poner a trabajar eficientemente el parque refinador nacional y con ello, comenzar a reactivar la economía nacional. Pero mientras llega ese momento, se debe autorizar a empresas privadas para que importen combustibles y abastecer al mercado nacional. En la Cámara de Comercio de Maracaibo, estamos convencidos que un aumento en la producción de petróleo impulsará tanto la economía regional como nacional con un efecto multiplicador, creando empleos y generando abundantes divisas mediante la creación de un sin número de empresas proveedoras y de servicios.
  3. Gerencia e inversión del sector privado de actividades medulares para el éxito del comercio y la industria nacional. Todos los servicios públicos básicos prestados por el Estado, especialmente el servicio eléctrico y el abastecimiento de agua, funcionan con grandes limitaciones y sin garantías de suministro. Para revertir esta situación, el Gobierno Nacional debe abrir dichos servicios al capital y gerencia del sector privado, tanto nacional como extranjero, asumiendo el Estado un papel netamente regulador. Para incentivar a los proveedores de los servicios a mejorar su eficiencia operativa y comercial, se debe diseñar un esquema que les garantice seguridad jurídica, una rentabilidad razonable y repatriación de dividendos. También existen en Venezuela una serie de actividades administrativas hechas por el sector público en la actualidad, las cuales pueden ser llevadas a cabo por el sector privado de manera más eficiente y con beneficios tangibles para todos (la empresa que lo efectúa, el usuario y el Estado). Entre dichas actividades podemos mencionar las operaciones portuarias en general y el regreso de las concesiones viales o peajes. Sobre la primera, en el año 2009, el gobierno de turno decretó la creación de las empresas Bolivariana de Puertos y Bolivariana de Aeropuertos (Bolipuertos) para el manejo de la infraestructura portuaria, especialmente en el área de almacenes, silos y patios. Dichas actividades eran realizadas hasta esa fecha con gran eficiencia y rapidez, por un gran número de empresas privadas. Esta medida gubernamental significó volver al Instituto Nacional de Puertos, eliminado hace más de 20 años debido a la ineficiencia de sus acciones. Solo en el Zulia, operaban 10 empresas almacenadoras donde trabajaban unos 1.000 empleados de forma directa. Los resultados no se hicieron esperar: comenzó una pérdida de competitividad con retrasos en la descarga y salida de mercancías, convirtiendo al Puerto de Maracaibo en uno de los más costosos para el tránsito de productos, al punto que, cada vez son más las empresas zulianas que realizan sus operaciones de importación y exportación a través de Puerto Cabello. Por lo tanto, debemos retomar el esquema anterior a la creación de Bolipuertos y regresar a la época de las concesiones privadas de los servicios en el Puerto de Maracaibo. Finalmente, la infraestructura vial rural y extraurbana presenta un fuerte deterioro físico (huecos, inseguridad y falta de señalización, demarcación e iluminación) y una ausencia casi total de servicios a todo lo largo. Debido a ello, proponemos el regreso de las concesiones viales para que sea una empresa privada quien se encargue de prestar los servicios y coordinar el buen estado de la vialidad. Todo ello, redunda en un viaje más seguro para todos los venezolanos y en el traslado más rápido y económico de productos alimenticios y bienes terminados a lo largo de todo el país.
  4. Disminución de trabas burocráticas y simplificación de la permisología para exportar. La burocracia lenta, los procedimientos administrativos demasiado complejos, el exceso de leyes, normas y controles, así como el enorme poder de discrecionalidad de los funcionarios públicos, generan trabas económicas con un gran costo para los empresarios y, por ende, para el país. Proponemos revisar y simplificar todas las políticas públicas, leyes, controles y regulaciones que inhiben la confianza empresarial y las posibilidades de inversión. Se deben revisar todos los procesos de exportación para facilitar el tránsito de bienes y productos a través de las aduanas con la finalidad de exportar. La consigna nacional debe ser la de producir para exportar. El Zulia tiene el potencial, además de producir y exportar el petróleo y sus derivados, de producir gran cantidad de productos alimenticios de excelentes características y calidad. Pero para que sea exitoso y eficiente, el proceso de exportación debe ser rápido y sencillo. Eliminemos las trabas. Facilitemos los procesos.
  5. Relanzamiento de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales. La Ley de Asignaciones Económicas Especiales para los Estados Derivadas de Minas e Hidrocarburos (LAEE), fue una ley promulgada en el año 1996, la cual buscó financiar proyectos de inversión en diversas áreas, con parte de los recursos obtenidos por la explotación minera de los Estados. De esta forma, los estados con mayores niveles de explotación de recursos petroleros y afines, tales como el estado Zulia, obtendrían una mayor cuota de los recursos para financiar proyectos de inversión. Mientras estuvo vigente, fueron muchos los proyectos en la región que pudieron concretarse bajo el paraguas de esta Ley. Sin embargo, en el año 2010 es promulgada la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, creándose el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) el cual terminó por desplazar el otorgamiento de fondos por parte de la LAEE y el FIDES. Por lo tanto, se hace necesario rescatar la LAEE, así como la creación de nuevas leyes que promuevan el principio del Estado federal descentralizado como forma del Estado venezolano. A su vez, se requiere fortalecer gobernaciones y alcaldías a nivel económico y financiero, mediante la implementación de una Ley de Hacienda Pública estatal.
  6. Desarrollo del potencial turístico de la región. Las características geográficas del Zulia son sumamente variadas, permitiendo reunir en una misma región distintas topografías y lugares de interés. Es así como nuestro estado posee playas, montañas, ríos y ciénagas, así como lugares con una importante carga histórica como el Castillo de San Carlos o el casco histórico de la ciudad de Maracaibo. Existen hoteles para todos los presupuestos, complementados con una oferta culinaria desde comida típica de la región hasta comida internacional de primer nivel. De allí que debemos desarrollar y explotar el potencial turístico del Zulia, promoviendo la inversión privada en todas las áreas arriba descritas a través de incentivos fiscales y seguridad jurídica para las nuevas inversiones. Sin embargo, deben resolverse primero los problemas públicos, (limpieza, seguridad personal, servicios públicos básicos, etc.). Finalmente, una vez superada la pandemia del COVID-19, Venezuela debe abrirse al mundo, aprobando la reapertura plena de las fronteras (especialmente con Colombia) y estableciendo rutas comerciales directas con los países que más turistas pueden aportar a Venezuela, tales como los Estados Unidos y Europa.
  7. Restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos. Si bien todos los puntos anteriores son importantes desde la perspectiva regional, factores macroeconómicos (de competencia nacional) son determinantes para el éxito de cualquier propuesta de desarrollo. La economía debe desregularizarse para buscar su equilibrio, minimizando controles y con disciplina fiscal por parte del Gobierno Nacional para vencer de una vez la hiperinflación que padece el país. Esto es fundamental para conseguir la reactivación del crédito bancario. Asimismo, se debe propiciar una progresiva baja del encaje legal, cuyos niveles actuales ponen en peligro al propio sistema bancario. Todo esto se hace necesario para la reactivación del crédito bancario, en función de apalancar y financiar todos los procesos comerciales, industriales y de servicios tan necesarios en el país.

Agregan que el liderazgo político regional debe canalizar ante el Gobierno Nacional todos los problemas que padece la región y las posibles soluciones concebidas desde el Zulia, para de esta manera poder solventar los inconvenientes que obstaculizan el desarrollo regional y convertir al Zulia y otros estados en los motores de crecimiento de Venezuela.

«Si realmente queremos inversión y crecimiento, se impone generar políticas públicas que corrijan los desequilibrios (…) Nuestra institución gremial está dispuesta, como siempre, a trabajar junto con los entes gubernamentales para buscar soluciones y alternativas a los problemas existentes»

Nota de prensa

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CCM: Un 52% de empresas en Maracaibo proyectan un aumento de su producción y ventas para final de año

CCM: Un 52% de empresas en Maracaibo proyectan un aumento de su producción y ventas para final de año

La Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM) presentó el más reciente estudio de la Unidad de Información y Estadística: “Encuesta de Coyuntura Económica”, correspondiente al tercer trimestre (julio-septiembre) de 2021 y arrojó que un 39% de las empresas reportó un aumento en sus ventas con respecto al trimestre anterior.

Un 52% de encuestados manifestó que los precios de los productos y servicios aumentaron durante el mismo periodo de estudio a consecuencia del proceso inflacionario que continúa afectando la dinámica económica de Venezuela.

51% de las empresas en Maracaibo afirmó que el número de sus trabajadores no varió comparándolo con el trimestre anterior y 42% de las empresas de la ciudad valoró la marcha de su empresa como “igual” al trimestre anterior.

Por otra parte, 36% de las empresas expresó que su nivel de inversión aumentó, siendo los principales rubros de inversión el capital humano (27 %), inventarios (26 %) e infraestructura (20%), mientras que la principal fuente de inversión fue el flujo de caja en un 76% seguido de aportes de capital extranjero con 14%

En la sección de expectativas económicas para el cierre del año 2021 se estableció que:

  • 48% opinó que la actividad económica aumentará.
  • 52% tiene la expectativa de que su producción o ventas aumentará.
  • 57% consideró que los precios de sus productos o servicios aumentarán para el próximo trimestre.
  • 57% estima que el número de empleados de sus empresas se mantendrá igual en el futuro cercano.
  • En cuanto a la inversión, 61% de los entrevistados planea mantener su nivel actual de inversiones para el próximo trimestre.
  • 48% pronostica que la marcha de sus empresas será favorable para el próximo trimestre.

En cuanto a los principales retos que debe enfrentar el gobierno en la actualidad según la opinión del sector empresarial marabino; 43 % consideró que se debe generar un mayor crecimiento económico, mientras que 30 % de los empresarios encuestados manifestaron que debe hacerse un mayor acercamiento con el sector privado de la economía.

El documento revela que los principales obstáculos que afectó la actividad económica de las empresas marabinas fueron: la debilidad de la demanda (41 %), la falta de combustible (18 %) y la incertidumbre política (18 %).

Índice de Confianza Empresarial

Para el III Trimestre de 2021, la confianza empresarial cerró en -2 puntos porcentuales del ICE CCM. En este contexto, aunque el índice aún se encuentra dentro del rango negativo, se puede observar una mejoría en el nivel de confianza del empresariado de la ciudad frente a la coyuntura económica no registrada desde la creación de este índice.

Asimismo, es importante destacar que las expectativas de los empresarios, permiten anticipar el desenvolvimiento de la actividad económica por cuanto, las mismas son fundamentales a la hora de determinar el aumento de la producción, la inversión y el empleo.

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Canasta alimentaria en Maracaibo costó 1.300 millones de bolívares en julio

Canasta alimentaria en Maracaibo costó 1.300 millones de bolívares en julio

La canasta alimentaria familiar se ubicó en julio en bolívares 1.303.122.996, equivalentes a 325 dólares, según la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela correspondiente 31/07/21.

El reciente estudio de la Unidad de Información y Estadística de la Cámara de Comercio de Maracaibo destacó que, en comparación con junio, el valor de los 46 productos que integran esta canasta registraron una variación de 33%. Cifra que representa un aumento absoluto de bolívares 323.350.856, o $19 al tipo de cambio de referencia.

Por otra parte, la inflación acumulada de la CAN en bolívares (enero – julio 2021) fue de 341 %. Mientras que la inflación interanual (julio 2020- julio 2021) fue de 1.703 %

Asimismo, la variación acumulada del costo de los alimentos en dólares (enero – julio 2021) fue de un 20% y la inflación interanual (julio 2020- julio 2021) fue de un 16 % A continuación, se presenta la variación por rubros:

Rubros Bolívares Dólares
Cereales y derivados 28 %  -1%
Carnes y sus preparados 29 %  4 %
Pescados y mariscos 39 %  7 %
Leche, quesos y huevos 35 %  4 %
Grasas y aceites 20 % -8 %
Frutas y hortalizas 53 %  5 %
Raíces, tubérculos y otros 18 % -20 %
Semillas, oleaginosas y leguminosas 18 % -8 %
Azúcar y similares 38 %  9 %
Café, té y similares 27 %  4 %

Nota de prensa

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