Sector comercio y servicios está asfixiado para trabajar

Sector comercio y servicios está asfixiado para trabajar

El presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, advirtió que las restricciones laborales del esquema 7+7, más el incremento en las tarifas de los servicios públicos, impuestos y fiscalizaciones asfixian las operaciones del sector comercio en el país.

En rueda de prensa, Capozzolo destacó que la escasez de combustible es otra problemática que afecta la distribución de productos.

El líder gremial apuntó que el comercio está arrancando el año 2021 con la mejor disposición, pero no escapa a la realidad nacional.

“Tenemos que ir a los procesos continuos de producción y comercialización para avanzar y movilizar la actividad económica en pro del desarrollo nacional”, expresó.

El máximo representante de Consecomercio resaltó a las autoridades los efectos de las políticas públicas erradas, medidas que influyen negativamente en la calidad de vida del venezolano.   

A continuación, la nota íntegra de la rueda de prensa:

Sector comercio y servicios está asfixiado para operar

  • Ante la nueva arremetida, el presidente de Consecomercio recordó a las autoridades los efectos de las políticas públicas erradas, que influyen directamente en la calidad de vida de los venezolanos.

Durante el año 2020 la economía venezolana no logró dinamizarse debido al esquema 7+7para enfrentar la pandemia. Entre el 80 y 90 por ciento de la actividad económica estuvo paralizada.

El sector del comercio y los servicios tuvo una afectación severa ocasionada por la paralización e intermitencia de la concesión para trabajar.

Felipe Capozzolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, aseveró que el esquema 7+7 no es la única situación que asecha a los comercios.

Informó que han recibido múltiples denuncias de sus afiliados en las que resaltan el aumento en los precios de los servicios públicos, de los impuestos municipales y por adquisición de nuevas máquinas fiscales.  

El líder gremial apuntó que el comercio está arrancando el año 2021 con mejor ánimo y disposición, pero no escapa a la realidad nacional.

Su operación está comprometida por no poder afrontar el alza de los servicios públicos; los impuestos, que en muchas ocasiones se han tornado confiscatorios; las exigencias fiscales, y encima, operar solo con el 7+7. 

Otra queja de los comerciantes tiene que ver con las máquinas fiscales, dado que son innumerables las denuncias que ha recibido Consecomercio de las cámaras en el interior de Venezuela.

“Nos han notificado sobre fiscalizaciones arbitrarias, en las que exigen a los comerciantes tener una máquina fiscal, sin tomar en cuenta el entorno que se presentó en 2020, cuando la mayoría de los comercios ni siquiera pudo sufragar los gastos básicos y mucho menos, invertir para comprar las referidas maquinas.

Se entiende, -agregó Capozzolo-, que todos los establecimientos comerciales y de servicios deben tributar y dar su aporte al desarrollo del país, pero no es sensato hacer este tipo de exigencias en este momento.  Precisamos, buscar acuerdos para financiamientos o flexibilidad en los pagos”.

Ante estas nuevas amenazas para el comercio, Capozzolo recordó a las autoridades los efectos de las políticas públicas erradas, medidas que influyen en la calidad de vida del venezolano.   

 Actualidad en las cifras

Venezuela inicia el cuarto año de hiperinflación. Las cifras son una demostración de la destrucción   de la economía del país. “Tenemos que ir a los procesos continuos de producción y comercialización para avanzar y movilizar la actividad económica en pro del desarrollo nacional”.

“Las cifras están allí, son para tomar conciencia de lo que estamos viviendo, aplicar correctivos y entender que tenemos que cambiar para construir una alternativa distinta”.

Inflación 2020

2243%

Aumento de  liquidez monetaria en diciembre

35%

Tasa de Cambio 2020

El cambio se devaluó 95,79% en 2020, con incremento de 2299%

Canasta Alimentaria 2020

2449,9%

 

 Diésel y el Comercio 

Las fallas del suministro de diésel se han intensificado colocando en riesgo la producción nacional. Al país no ha arribado un solo buque de carburante desde el pasado 24 de octubre de 2020.

El representante de la cúpula del Comercio y los Servicios, resaltó que la falta de combustible compromete la distribución de los productos.  

“Este asunto también complica la operatividad de las plantas eléctricas. Es bien sabido que en Venezuela existen deficiencias en el suministro eléctrico. Muchos supermercados, hospitales y abastos apelaron a la solución de tener plantas eléctricas para poder activar el servicio”.

Capozzolo hizo énfasis en que los gremios están muy preocupados porque la problemática está relacionada con la producción directa y la productividad. “Estamos haciendo acciones en todos los ámbitos para motivar puntos de entendimientos políticos que permitan resolver las dificultades.

Activado Consecomercio para 2021

Consecomercio iniciará el “Plan 51”, cuyo objetivo es fortalecer las relaciones intergremiales, a fin de promocionar al sector comercial como fuente de crecimiento. Desarrollará reuniones regionales y sectoriales, campaña de afiliación 2021, el evento “Marcas Venezolanas” y la quincuagésima primera asamblea anual.    

Para finalizar, Capozzolo comunicó que en consonancia con los anuncios presidenciales acerca de la digitalización y automatización de la economía, presentaron una propuesta ante el Ministerio del Poder Popular del Comercio Nacional para la implementación de la factura digital. 

Enero, 2021

Lea también:

Consecomercio: Medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional debido al COVID-19

Consecomercio: Medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional debido al COVID-19

 

El pasado domingo 22 de marzo de 2020, el Ejecutivo Nacional, a través de una alocución de radio y televisión, esgrimió una serie de medidas con el objeto de intentar paliar los efectos económicos desarrollados a raíz de la coyuntura producida por el Coronavirus (en lo sucesivo, «COVID-19»).

Estas medidas constituirían las primeras declaraciones oficiales sobre el tema económico debatidas por las autoridades nacionales, y vendrían a complementar lo establecido en el Decreto No. 4.160 emanado de la Presidencia de la República mediante el cual se decreta Estado de Alarma en todo el territorio nacional, a los efectos de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relativos al COVID-19. El referido Decreto No. 4.160 se publicó en la Gaceta Oficial No. 6.519 Extraordinaria, de fecha 13 de marzo de 2020.

Las medidas anunciadas por Nicolás Maduro pueden sintetizarse en los siguientes siete (7) puntos:

  1. Se ratifica la denominada inamovilidad laboral hasta 31/12/2020.
  2. Se activa el plan de pago de nómina por seis (6) meses a través del Sistema Patria.
  3. Se ordena suspensión del pago de intereses y capital de créditos comerciales por seis meses, al igual que los pagos de alquiler de comercio y de vivienda.
  4. Ratificación del plan de inversión agroalimentaria para el programa Clap.
  5. Se ratifican beneficios y medios de protección otorgados por el Sistema Patria.
  6. Otorgamiento de bonos especiales para trabajadores informales y formales.
  7. Se establece prohibición del corte de servicios básicos como teléfono, agua e internet a durante el lapso de seis (6) meses.

¿Cuáles son las implicaciones de esta medida?

Preliminarmente, es importante resaltar que las citadas medidas no han sido publicadas en Gaceta Oficial, ni en ningún instrumento normativo, por lo que su desarrollo ulterior puede estar sujeto a diversas interpretaciones por parte de los agentes económicos que hacen vida en Venezuela.

Dicho esto, conviene resaltar que las políticas esgrimidas, en adición a su cuestionable legalidad, representan un retroceso para el desarrollo de la actividad económica en el país. Si bien se reconoce el hecho de que el Ejecutivo Nacional esté desarrollando medidas proclives a paliar la compleja coyuntura derivada del COVID-19, no deja de ser menos cierto que cualquier tipo de decisión relativa al tema económico debe ser cónsona con la naturaleza del mercado y de la propia dinámica productiva y comercial de Venezuela.

Así como es necesario brindar estímulo, asidero y seguridad al trabajador, al obrero y al pequeño emprendedor que hoy puede sentir en jaque su futuro, no puede obviarse el hecho de que la dinámica económica requiere de forma imperativa la existencia de la empresa e industria privada, y de forma particular para nuestra organización, la existencia del comercio.

En tal sentido, una mayor restricción dentro del ámbito de las relaciones laborales, la prohibición del pago de cánones a los arrendadores -que viola el principio de equilibrio contractual en las relaciones de arrendamiento-, el congelamiento o fijación de precios en la provisión de servicios públicos, aún y cuando pudiesen obedecer a las mejores intenciones y Buena Fe por parte del Ejecutivo Nacional, no harán más que informalizar aún más la economía nacional y las relaciones de trabajo, desprotegiendo los derechos laborales que,  en principio, se buscan salvaguardar; desmejorando la calidad de los ya maltrechos servicios públicos venezolanos y desincentivando la existencia de arrendamientos, contratos éstos de vital importancia para la actividad económica nacional.

Por su parte, la suspensión de pagos de capital e intereses de créditos comerciales profundizará las restricciones de liquidez en la banca nacional, mermando aún más su capacidad de realizar su actividad más importante: la intermediación financiera. Si bien en cierto que, en el corto plazo, esta medida pudiera significar un alivio para el flujo de caja de algunas empresas, a mediano plazo se traducirá en una mayor restricción en la disponibilidad de créditos para las mismas.

Conclusión y propuesta

Como quiera que el país y el mundo en general se encuentra atravesando una difícil coyuntura, cuyo desenlace nadie conoce con certeza, las autoridades venezolanas deben unir esfuerzos con el sector privado, de forma tal que éste se convierta en un aliado para y mitigar y paliar las circunstancias que estamos atravesando.

La experiencia mundial sugiere que el sector privado puede convertirse en un pivote para optimizar el manejo de la crisis. Lejos de ser un factor de obstrucción, un obstáculo, la empresa privada, y el comercio en especial, pueden servir de intermediarios entre las demandas ciudadanas y la provisión de bienes y servicios que se requieran, todo ello guiado por el principio de cooperación voluntaria para lograr el beneficio de la gente. Ningún industrial, empresario o comerciante se beneficiará en la parálisis, como tampoco lo hará en un ambiente en el que impere la incertidumbre y la persecución, aunada al desconocimiento de la racionalidad económica.

De este modo, nuestro llamado es a que, por una parte, los factores políticos logren encontrar consensos institucionales que permitan la viabilidad de la nación y, al mismo, tiempo, que las políticas y medidas esgrimidas no se desarrollen con un enfoque unilateral y dogmático.

La economía comprende a todos, y en tal sentido, negar incentivos de diversa índole (fiscales, laborales, productivos) a las empresas, comercios e industrias de los diversos sectores de la economía, lamentablemente destruye valor para el país y complica aún más el ya complejo panorama que Venezuela tendrá que atravesar en los meses venideros. 

 

Fuente: Consecomercio 

 

Leer también: El sector empresarial requiere de manera urgente condiciones mínimas que permitan su funcionamiento