La Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria) rechazó la sentencia 156 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), considerándola inaceptable, por cuanto con “la Sala Constitucional se atribuye una representación popular que no le ha sido otorgada y que solo pertenece por mandato constitucional a la Asamblea Nacional”.

Explicó, en un comunicado, que “solo el Poder Legislativo representa al pueblo de Venezuela. Las sentencias 155 y 156, en consecuencia, pretenden formalizar la usurpación de funciones que no le corresponden al TSJ, desconociendo la separación y autonomía de los poderes públicos; en este caso de la Asamblea Nacional, fundamento del sistema político democrático escogido por los ciudadanos mediante su contrato de convivencia social denominado Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en diciembre de 1999”.

Señaló que la democracia no es un resultado sino un sistema político a respetar fielmente, que se construye sobre el respeto y la defensa que todos los ciudadanos hacen de ella; “por ello, el pretender sustituirla haciendo un ejercicio permanente de manipulación y propaganda que encubre la destrucción del tejido económico, político y social de la nación, resulta inadmisible”.

Conindustria indicó que Venezuela atraviesa una de las peores crisis de su historia republicana, “al punto que hoy día se presenta como un estado fallido, incapaz de garantizar la vida, la libertad, la propiedad y la producción de bienes para sus ciudadanos. Las erradas políticas públicas aplicadas desde el año 2005 y acentuadas desde el año 2013 han arruinado el tejido de producción industrial y desintegrado la economía venezolana, degenerado en condiciones de inflación y escasez que niegan la calidad de vida de los venezolanos, degradados a la servidumbre de las largas colas que se aprecian en establecimientos de consumo de todo tipo de bienes y servicios”.

“Los funcionarios públicos que pretenden usurpar funciones de la representación popular expresada en la Asamblea Nacional, pierden aquella poca legitimidad que les queda luego de obstruir el Referéndum Revocatorio del mandato presidencial, mecanismo legal y legítimo dentro del sistema de escogencia y remoción de funcionarios públicos, que forma parte de nuestro contrato social”, reza la comunicado.

El gremio industrial manifestó su respaldo a la Asamblea Nacional legítimamente electa el 6 de diciembre de 2015, donde quiera que ésta sesione, y que se encuentra con plenas facultades para ejercer sus obligaciones constitucionales; obligaciones que incluyen los consensos sociales que posibilitan un entorno dentro del cual, respetando el Estado de Derecho, se generen los equilibrios que requiere la economía y estimule la producción de bienes y creación de puestos de trabajo, por y para los ciudadanos venezolanos.

“Con la sociedad, en su conjunto, nos une la común necesidad de contribuir a la reconstrucción de nuestro país, en la conciencia clara de que todos debemos subordinar los intereses personales al bien colectivo para construir el camino que nos conduzca a la creación de una nueva nación, dentro de los principios de libertad, respeto y vida digna para todos. Es por ello que promovemos un acuerdo social amplio para la inmediata celebración de elecciones libres, transparentes, sin restricciones, que renueven a todos los poderes públicos de elección popular”, comentó.

“A la Fuerza Armada Nacional, representada en todos sus componentes y jerarquías, le reiteramos la obligación constitucional de defender la democracia”, señaló.

“Que no se cierren los caminos que conducen a la reconstrucción de nuestra nación. La sociedad está observando y juzgará a quienes contribuyan u obstruyan los mecanismos de recuperación nacional”, agregó.

Comunicado 

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