“Ante la grave situación social, política y humana que nos agobia a todos los venezolanos, expresamos nuestro apoyo total al ejercicio del derecho constitucional a la protesta, manifestando libremente el descontento y rechazo ciudadano por el enorme deterioro de la calidad de vida, por la escasez y por el irrespeto y ruptura del contrato social fundamental del país, la Constitución, cuya plena restitución exigimos”.

Así se expresó Gustavo Valecillos, presidente de la Cámara de Comercio e Industria del estado Mérida (Cacoime), al ser consultado acerca de la grave crisis social y política que atraviesa el país. Asimismo, agregó que todas las manifestaciones deben ser siempre pacíficas y respetuosas, dentro del marco legal, sin violencia ni desviaciones que pongan en riesgo la vida, los principios y los bienes de las personas.

Indicó que la protesta es un derecho humano debe ser garantizado y protegido por las autoridades de manera cívica, sin excesos ni represión, y así lo exige a las autoridades competentes. “Vemos con preocupación que delincuentes y vándalos se aprovechan del equivocado y sesgado accionar de las autoridades para, en medio de sus tropelías, arremeter contra personas y bienes, públicos y privados, lo cual condenamos”, afirmó.

Valecillos destacó que los desmanes y saqueos perjudican a todos, por lo que el gremio empresarial llama a la civilidad y al ejercicio de ciudadanía, severo pero respetuoso de las normas.

Por otra parte, el representante gremial argumentó que el sector productor y comercializador nacional se siente desprotegido y amenazado, en riesgo de cierre y quiebra, lo que mengua la necesaria confianza para continuar con su misión de sacar al país del estado calamitoso en que se encuentra. “Es urgente resolver el desbarajuste político, social y económico para que se restituya la confianza empresarial y se incentive el interés en mantener y atraer las inversiones, para que mediante la asociación del capital y el trabajo, volvamos a ser productivos y autosuficientes en lo posible”, explicó.

Por último, aseveró que le corresponde al sector público crear las condiciones favorables y destrabar la conflictividad política y social, para poder reactivar la actividad económica.

Nota de Prensa

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