Una sala llena de periodistas de Iberoamérica acecha al secretario general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, sobre un mismo tema: la ola migratoria venezolana que se extiende por toda la región, arrastrada por la crisis de un país que fue próspero y envidiable. La respuesta es diplomática: “deben buscarse soluciones para que los inmigrantes tengan derecho a trabajo decente sin afectar el mercado laboral de esos países”.

Al cabo de unos segundos, Ryder admite que se aprobó la máxima instancia de investigación y evaluación del organismo, la Comisión de Encuesta, para abordar las “graves quejas contra ese país por parte de los empleadores”.

“Algo inusual”, alcanza a decir Ryder, quien estuvo en Panamá para la Reunión Regional de las Américas, para también sostener que sean los empresarios los que acusen a un gobierno de violación a la libertad sindical, imposición de políticas salariales inconsultas, persecución a empresas y trabajadores y otro cúmulo de violaciones a los convenios internacionales de la OIT.

La instancia de investigación instalada en agosto y conformada por tres magistrados, abordará el tema recaudando datos de sindicatos, gremios y del propio gobierno de Nicolás Maduro si accede a reconocerla. Su propósito: que se restablezca el diálogo social perdido hace más de una década.

El detonante de la reacción de la OIT fue una acción ejercida como voz de auxilio por Fedecámaras, el máximo gremio empresarial venezolano, que decide gastar los últimos cartuchos para salvar lo poco que queda de un sector productivo destruido con los años.

“De 12 mil empresas manufactureras que había hace más de 15 años, ya solo quedan 3 mil”, revela Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, quien llegó a Panamá casi en la raya para su intervención como la parte de empleadores.

Al ser consultado sobre la situación de las empresas en Venezuela, respondió:  La situación es muy grave. No hay seguridad política, económica ni jurídica y la inversión se ha ido del país. En lo social, la crisis es de una envergadura lamentable con la falta de medicamentos, alimentos; y en lo económico, el gobierno adopta medidas inconsultas que destruyen lo poco que queda del aparato productivo privado.

Tenemos una inflación de 200,000% y se pronostica que llegue a un millón. El ataque a las empresas continúa: la última intervención fue a la empresa Smurfit Kappa; se detuvo a gerentes de supermercados porque el gobierno los acusó de vender, presuntamente, caro. El acoso a las empresas privadas continúa y no hay empleo ni producción de bienes.

¿Cuántas empresas han cerrado este año?

Datos de la confederación de industriales hablan de 600 empresas que cerraron este año y de esas 12 mil que había hace 15 años apenas quedan 3 mil. Además, 30% de los locales en los centros comerciales está vacío o cerrado. Muchas pequeñas empresas no pueden pagar los aumentos salariales de 5,000% impuesto por el gobierno.

Nuestro llamado es a hacer el mayor sacrificio posible para que se mantengan abiertas las empresas, porque cerrarlas es una fuente de empleo menos y una pérdida de libertad económica más.

Los invitamos a leer la entrevista completa en Martes Financiero clic aquí  

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