La Cámara de Caracas ante las propuestas, los procedimientos y los efectos iniciales del Plan de Recuperación Económica presentado por el Ejecutivo Nacional observa:
Que el ejercicio del Poder Público en cualquiera de sus manifestaciones funcionales impone la observancia de los derechos fundamentales de los administrados.
Que las políticas públicas, cualquiera sea su naturaleza, alcance y contenido deben ser el producto de la discusión abierta con los diferentes sectores del país, tal como lo establece la Constitución venezolana y los tratados y acuerdos internacionales suscritos por la Nación.
Que el respeto al derecho de propiedad y a la libertad económica, deben ser el sustento de cualquier plan de generación de riqueza que busque lograr una mayor base de imposición que financie el gasto público en beneficio de toda la comunidad.
Que las políticas económicas, mediante las cuales se instrumenta de manera general la política fiscal activa, en la visión conjunta del ingreso y el gasto, deben sustentarse en la premisa de una economía en la que el sector privado es parte esencial para el cumplimiento de sus objetivos.
Que el sector empresarial del país siempre ha estado dispuesto a colaborar con el logro de los objetivos de las políticas públicas, disposición manifestada a través de las instituciones, organizaciones gremiales, sin que hasta el momento haya sido escuchado.
Que los mandatos sancionatorios representados en multas, cierres de establecimientos y hasta las privativas de libertad a propietarios y colaboradores son sin procedimientos administrativos y, por tanto, sin la posibilidad de acceder al expediente correspondiente y poder ejercer la legítima defensa.
Que el establecimiento del incremento de la alícuota general del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras así como la definición de nuevos esquemas de anticipación del Impuesto Sobre La Renta y del referido impuesto indirecto, partiendo incluso de la modificación de los periodos tributarios mensuales a semanales, no solo afectan el flujo de caja operativo de las empresas sino que dificultan el cumplimiento de los compromisos de naturaleza laboral, contractual y hasta tributarios con la República, los Estados, los municipios y órganos parafiscales.
Que los mandatos de naturaleza económica lejos de lograr los objetivos terminales de reducción del déficit fiscal, la erradicación de la hiperinflación con las consecuencias erosivas de la capacidad de compra del ciudadano y de la producción de las empresas y el abastecimiento, tendrán efectos contrarios acentuando la vigencia de un impuesto hecho, absolutamente regresivo como es la inflación.
En consecuencia, la Cámara de Caracas ha considerado conveniente:
- Manifestar su preocupación al gobierno nacional por la aplicación de las medidas económicas anunciadas por el ciudadano presidente de la República y que se han venido ejecutando mediante decretos de emergencia económica y constituyentes, en virtud de que resultan no sólo inconsultos sino también ineficientes para definir un esquema de finanzas públicas que contrarreste los efectos de la hiperinflación y la erosión consecuente de la capacidad de compra y producción del ciudadano y de las empresas.
- Solicitar al gobierno nacional la búsqueda inmediata de formas concertadas que solucionen los problemas que impiden el desarrollo del país y del ciudadano para así garantizar el acceso inmediato a los bienes y servicios mediante el incremento de la producción y la reducción de los índices de inflación.
- Exhortar a que la normativa complementaria a ser dictada por la Administración Tributaria se oriente por la búsqueda de la seguridad jurídica mediante su transparencia, para evitar una incidencia perniciosa en el flujo de caja de las empresas, efectos desincentivadores de la producción y aceleración de los precios por incremento de la presión tributaria directa y los costos de cumplimiento.
- Exigir el cese de las vías de hecho y las sanciones indebidas a las empresas lo cual desalienta y frena la inversión y erosiona la confianza necesaria para la recuperación económica.
- Rechazar el aumento del 3.500% del salario básico que fuera decretado sin tomar en consideración la grave depresión que vive la actividad económica y que amenaza con exterminar las empresas que durante los últimos años han sobrevivido toda clase de controles y persecución. Este aumento que viene a avivar más la hiperinflación existente amenaza con terminar de destruir a la ya depauperada actividad industrial, a la agobiada prestación de servicios y a aniquilar los canales de distribución existentes. Aumentará indefectiblemente la huida del capital humano y financiero hacia otros países y llevará el desempleo y la necesidad de la gente a niveles nunca previstos.
Lo que traerá como consecuencia la dependencia económica total del Estado como único abastecedor de bienes y servicios.
Fuente: La Cámara de Caracas