La Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución, consideró que lo ocurrido en Asogata es una expresión máxima de la intolerancia a la cual estamos sometidos los venezolanos. “Llama la atención la cuantía de los daños causados y la evidente libertad con que actuaron quienes lo cometieron”, asevera el presidente de la asociación Vicente Brito.

Nota de prensa

“Consideramos esta acción de suma gravedad por que se realiza contra uno de los gremios empresariales emblemáticos del país, como resultado que algunos de sus integrantes habían manifestado públicamente su desacuerdo con las políticas públicas aplicadas que limitan derechos constitucionales y la propuesta del Gobierno de llevar adelante una Asamblea Constituyente, lo cual es coincidente con más del 80% de los Venezolanos que manifestamos nuestro desacuerdo con tal planteamiento, ya que significa una mayor concentración de poder en manos del Gobierno y en desmejora de los derechos de los ciudadanos”, dijo.

Agregó que observan con preocupación como aumenta la intolerancia hacia los que “opinamos distintos a los que ejercen el poder nacional, quienes de una manera continua han venido concentrando más y más control en el ejercicio de Gobierno, lo cual se observa en la falta de la independencia de los poderes públicos y de como se viene manejando la economía del país, de una manera centralizada y controlada que ha minimizado a niveles preocupante la actividad productiva nacional, como resultado de haberse tomado buena parte de las tierras y empresas privadas a públicas. Con saldos negativos por la caída de la producción nacional que están a la vista, donde hoy se produce apenas entre 20 % y 35 % de cuando funcionaban en manos de sus propietarios privados”.

“Los que hemos sentido la mano del poder por pensar y opinar distintos, al habérsenos quitado nuestras propiedades como evidente retaliación política, entendemos con claridad el porqué de lo ocurrido a ASOGATA, donde se demuestra y reafirma que existe la disposición de imponer el modelo de pensamiento ideológico único a troche y moche, sin medir las consecuencias de lo que se tenga que hacer”, afirmó.

Explicó que tal situación genera angustia ya que “los que ejercen el poder demuestran su intolerancia y la disposición de actuar no en el marco de la ley sino dentro de los parámetros que pretenden ser impuestos por ellos a los ciudadanos”.

“Hoy el grado de rechazo a la gestión pública se acerca al 90 % y se demuestra en que no se quisieron permitir las elecciones para el revocatorio, ni para Alcaldes o Gobernadores. Por no contarse con el apoyo popular y la evidente derrota electoral que ocurriría”, dijo.

Es por ello que nos corresponde a los ciudadanos ejercer nuestros derechos establecidos en la Constitución para que no se cometan actos que vulneren y nos limiten más y ojala se respeten a las organizaciones civiles para que no se repitan actos intimidatorios como los cometidos contra la sede de ASOGATA.

La Patilla

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