Para el máximo organismo gremial del Comercio y los Servicios, los aumentos salariales unilaterales, bajo el mismo formato de siempre e impuesto por el Gobierno, sin financiamiento productivo programado y con cargo al desorden fiscal y monetario que reina en el país, es “pan con cola para hoy y pobreza extrema para mañana”.

(Especial, Caracas 01.05).- Los aumentos salariales unilaterales, impuestos bajo el mismo formato usado por el Gobierno este fin de semana, definitivamente, no pasan de ser “pan con cola para hoy, y pobreza extrema para mañana”. Porque no responden a un previo financiamiento productivo, y serán cargados al desorden fiscal y monetario que reina en el país.

Definitivamente, lo que los trabajadores venezolanos necesitan es dedicarse a producir en y para una economía moderna, sin inflación y menos ilusiones monetarias.

Para el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), esta modalidad gubernamental -que será incorporada como tema a los debates que se darán el jueves 4 y viernes 5 de mayo en su XLVII Asamblea Anual a celebrarse en el hotel Wyndham en la Isla de Margarita- tiene que dejar de ser lo que es hoy: un capricho gubernamental convertido en combustible de alto octanaje para que haya más y más inflación en el país.

Venezuela es hoy víctima de la violencia económica y social más perniciosa a la que se pueden enfrentar los ciudadanos de cualquier país: a la hiperinflación. Y de ella nadie se está ocupando. Ni el Poder Ejecutivo ni el Banco Central de Venezuela. Quizás porque en inflación, el único que gana es el Estado. Nunca la ciudadanía.

En inflación, a los hombres y mujeres de trabajo sólo les corresponde perder capacidad de compra, empobrecerse y vivir en medio del hambre. Mientras tanto, el Estado se hace más poderoso, y los gobiernos pueden gastar a sus anchas, sin presentar cuentas, sin informar, endeudándose a su gusto, e imprimiendo billetes cuando el dinero no les alcanza para medrar de ese desorden monetario y fiscal.

Para Consecomercio, es grave que la inflación haya llegado a los niveles actuales, con un cierre –no oficial- en el 2016 por el orden del 276% . Y que el Gobierno insista en apelar a paliativos salariales, a conciencia de que eso agrava el problema. El sabe que la principal causa es la desproporcional emisión de medios de cambio, con relación a los bienes y servicios que se ofertan en el país. Es decir, que los componentes son monetarios y la destrucción del aparato productivo nacional.

Sin embargo, nada hace, salvo potenciarlo y agudizarlo con aumentos salariales cuya distribución pudiera garantizarle réditos políticos al Gobierno, porque responden al ilusionista propósito de distribuir riqueza. Pero se trata de una riqueza que nadie produce, pero que la pagan los venezolanos con más empobrecimiento, indistintamente de su condición social y económica.

Para el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios -y así lo demostrará en su Asamblea Anual en Margarita- la inflación es un fenómeno monetario y la única manera de abatirla es imprimiendo menos dinero inorgánico. El Gobierno puede modificar el salario mínimo diariamente, seguir pervirtiéndolo con bonificaciones y modalidades parecidas. Pero la hiperinflación seguirá su ascenso incontenible de hoy.

Por supuesto, Consecomercio considera que si hubiera algo especial que celebrar el 1 de Mayo, es escuchar al sector laboral del país haciendo causa común con los empleadores privados en el reclamo de que Venezuela modernice su economía; que el Gobierno no siga fortaleciendo el empobrecimiento de los ciudadanos, sean trabajadores o pensionados.

También que se le preste atención al hecho de que, cuando los aumentos salariales se producen con base en lo que determina el capricho gubernamental, las pequeñas y medianas empresas deben prescindir de trabajadores o cerrar sus puertas.

De igual manera que, como lo ha dicho Consecomercio en diferentes momentos, estos aumentos no le llegan a los desempleados y quizás nunca les lleguen, porque en Venezuela no es posible abrir más empresas, generar más empleos, si el Estado lo hace y decide todo en materia salarial y en asuntos de costos. A la vez que asfixia a los productores primarios, a la industria y al comercio con controles de cambio y de precios, una Ley de supuestos Precios Justos, y obliga a los consumidores a comprar y consumir lo que pueden; no lo que desean.

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