El último informe de la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), deja en claro la pérdida de credibilidad del gobierno venezolano en organizaciones que durante años utilizó como plataforma para propagar la narrativa de la “revolución obrerista”. En este desenlace Jorge Roig, representante de Fedecámaras y miembro del Consejo de Administración, ha jugado un rol clave en el sentido de mantener vigente el reclamo de los empleadores venezolanos.
La queja ha sido admitida en la instancia más alta de la OIT, conocida como artículo 26 y en la reunión pautada para noviembre de este año la Organización podría constituir una comisión de expertos del mayor rango que aún sin contar con el permiso del Gobierno investigue a fondo el caso y redacte un informe que podría señalar a Venezuela como un país violatorio de normas laborales. Los estatutos precisan que se recurre a este procedimiento “cuando un Estado Miembro es acusado de cometer violaciones persistentes y graves, y se hubiese negado reiteradamente a ocuparse de ello”.
Jorge Roig resume los fundamentos del reclamo: “Los países firman una serie de convenios para pertenecer a la OIT y la Comisión de Normas vigila que se cumplan. Nuestras quejas señalan que el gobierno venezolano viola el artículo 87 en el que se establece que quienes formamos parte de un sindicato (para la OIT las asociaciones de empleadores como Fedecámaras lo son) no deben ser perseguidos o coaccionados. En mi caso, cuando estuve al frente de Fedecámaras fui agredido 72 veces por el Presidente Nicolás Maduro en cadena nacional, aparte del espionaje del Sebin. El otro convenio es el 144 que habla de la falta de diálogo social, la OIT exige que todas las decisiones de carácter laboral se tomen de forma tripartita. Y, por último, está el convenio 122 que habla de la necesidad de impulsar el empleo decente, donde los trabajadores puedan desarrollar todo su potencial y, entre otras cosas, contar con una jubilación que les permita vivir decentemente”.
Para que la queja fuese admitida en la máxima instancia de la OIT se ha necesitado un largo proceso. En enero de 2014 la OIT envió a Venezuela una comisión que elaboró un informe con una lista de recomendaciones que no han sido atendidas por la administración de Nicolás Maduro.
Pero esto no es lo más llamativo para la OIT sino que centrales sindicales no afectas al Gobierno como la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Confederación General de Trabajadores (CGT), la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA) y la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE) también han introducido quejas y esperan que en noviembre sean admitidas en la máxima instancia.
Jorge Roig no duda en señalar que “es la primera vez en la historia de la OIT que trabajadores y empleadores de un país solicitan la activación del artículo 26 contra un gobierno, de hecho, en cien años solo ha habido doce casos de máxima instancia. El gobierno que se llama obrerista está en el banquillo de los acusados de la OIT”.
Las Conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la 105a Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT señalan respecto a Venezuela: “La Comisión deploró la crisis social y económica que afecta al país y la ausencia de una política activa destinada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido”. Este párrafo deja en claro que no se creyó en el argumento del representante del Gobierno, citado en el informe, quien afirmó que entre 1999 y 2015, gracias a las políticas públicas, el desempleo descendió desde 10,6% hasta 6,7%. ¿Por qué no se valoraron estas cifras?
Se modificó la metodología para calcular el desempleo y eso no le ha gustado a la OIT. Le preguntan a una persona, asalariada o no, si estuvo ocupada más de cinco horas en la última semana y si responde afirmativamente se le considera ocupada. Esos no son los patrones como se venía midiendo el desempleo, eso le ha quitado credibilidad a las cifras. Además la Comisión de Normas se ha dado cuenta de que la mayoría de los empleos se crean en el sector público y no todos encajan en la definición de empleo decente que promueve la Organización. Hay casos de empresas como Sidor donde la nómina ha crecido mientras que la producción cae estrepitosamente. Luego está la manipulación del salario mínimo que, de acuerdo al tipo de cambio que utilices, puede ser de los más altos del planeta o inferior al de Haití.
Además la Comisión de Normas “deploró la ausencia de diálogo social con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores con el objetivo de aplicar una política activa del empleo”. No obstante, el representante del Gobierno afirmó que en el Consejo Nacional de Economía Productiva todas las semanas se reúnen los empresarios más prominentes, incluso muchos representantes de empresas, cámaras y federaciones afiliadas a Fedecámaras. ¿Por qué considera que esta instancia no es válida para el diálogo?
Esa es una instancia donde las empresas están planteando sus problemas personales, allí no se discuten los problemas transversales de empleo, de la Ley del Trabajo, y no existe el diálogo social que exige la OIT para acordar medidas que promuevan empleo para todos los venezolanos. Además allí falta la representación de los trabajadores independientes y, hay que decirlo, tampoco se están resolviendo los problemas particulares. Son unas mesas tipo “como vaya viniendo vamos viendo”.
¿No deberían acudir los empresarios a esa instancia?
Empresario que llamen para esa mesa a discutir su problema personal que vaya. A mí me llama el Presidente de la República para resolver el problema de mi empresa y yo voy, pero no digan que invitaron a Fedecámaras para un dialogo social, no hablen de que están resolviendo el problema de fondo de la economía venezolana.
El informe de la Comisión de Normas insta al Gobierno a que con la asistencia de la OIT, “elabore inmediatamente, en consulta con las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores, una política destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido; e implemente inmediatamente medidas concretas que pongan en práctica una política del empleo que tenga como objetivo estimular el crecimiento y el desarrollo económico, elevar el nivel de vida, satisfacer las necesidades de mano de obra y resolver el problema del desempleo y del subempleo”. ¿Cree que el Gobierno tomará en cuenta esta propuesta?
Ese párrafo lo reitera la OIT en todos sus informes desde la misión de alto nivel que visitó al país en enero de 2014 y el Gobierno no lo ha hecho. Soy muy escéptico. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) se han destruido cinco mil industrias y la industria es un tipo de empleo que necesita preparación, tecnología. Además se han perdido 600 mil establecimientos comerciales que creaban empleo. Aquí todos los días cierra un establecimiento empleador y el que no ha cerrado está mal pagando a sus trabajadores y mal operando.
Además se propone que “el Gobierno establezca inmediatamente un órgano estructurado de diálogo social tripartito en el país y emprenda de inmediato acciones para generar un clima de confianza basado en el respeto de las organizaciones de empleadores y de trabajadores con miras a promover relaciones profesionales estables y sólidas”. ¿El Gobierno de Maduro va a reconocer a Fedecámaras y a las organizaciones de trabajadores no chavistas?
Eso no va a ocurrir, pero sería tan sencillo que ocurriera. Cuando era presidente de Fedecámaras y Nicolás Maduro me invitó a Miraflores había ambiente para eso, pero su entrampamiento ideológico lo impidió. Sería tan sencillo sentarnos en una mesa a discutir cómo enfrentamos la caída de los precios del petróleo. Maduro no lo hace por el entrampamiento político, porque cree que ceder posiciones en ese diálogo le va a restar parte de su base de seguidores. Y la economía es más testaruda que cualquier revolución.
¿Descarta un cambio en las políticas del Gobierno en los próximos meses?
Hay quienes piensan que el programa del Gobierno ha sido una destrucción deliberada de la economía, que quieren destruir el aparato productivo para comenzar con un nuevo esquema que Dios sabe cuál será. Me niego a creer esto, pero los hechos me hacen dudar. Me niego a creerlo porque las empresas socialistas que han creado son un desastre.
¿El Gobierno va a persistir en no permitir una salida política y alcanzar acuerdos en materia económica que enfrenten la raíz de la crisis?
Es muy difícil que el Gobierno recupere la confianza de los empleadores y los trabajadores, por eso lo que le queda es hacer política para un grupo de seguidores que normalmente no son ni trabajadores ni empleadores, son mucho más militantes partidistas unidos por una relación de dependencia ideológica o mercantil.
Regresando a la Organización Internacional del Trabajo. El informe de la Comisión de Normas indica que “el Gobierno debería aceptar una misión tripartita de alto nivel de la OIT antes de la próxima Conferencia Internacional del Trabajo de manera de examinar los progresos alcanzados para cumplir con estas conclusiones”, pero el documento indica que “el representante gubernamental rechazó las conclusiones sobre el caso afirmando que se han tomado como ciertas informaciones falsas que no guardan relación con el Convenio”. ¿Entonces esto es letra muerta?
El Gobierno juega en la OIT el mismo juego que en otras instancias internacionales. El artículo 26 es el equivalente en la OIT a la activación de la Carta Democrática en la OEA. El Gobierno se ha dado a la tarea de desvirtuar a todas las organizaciones internacionales que nos dan la razón a los venezolanos que pensamos diferente o señalamos que las cosas no se están haciendo bien en el país. En el caso de la OIT esto no es tan fácil, es casi imposible, es la última organización que podrías catalogar de derecha o vendida a los intereses del neoliberalismo. Existe la posibilidad de no hacerle caso a la OIT, pero no es tan sencillo. Allí están todos los países y que un Gobierno que se declara revolucionario, obrerista, esté señalado en la Organización Internacional del Trabajo no es algo fácil de manejar.
Algo que llama la atención es que el informe de la Comisión de Verificación de Poderes de la OIT pone en duda la representación de la delegación de los trabajadores que estuvo integrada exclusivamente por representantes de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Textualmente dice: “La Comisión desea manifestar su profunda preocupación porque el Gobierno no parece haber hecho verdaderos esfuerzos para disipar las graves dudas planteadas en anteriores reuniones de la Conferencia en cuanto a la validez de la designación de la delegación de los trabajadores de Venezuela”. ¿Cómo se resquebrajó la fe en esta representación de los trabajadores?
Es una duda razonable. Van todos vestidos de rojo, no han introducido una sola queja, van a alabar al Gobierno. Se ve que no hay independencia. A los trabajadores públicos les violan los contratos colectivos, los persiguen, les han difuminado sus centrales sindicales. El peor patrono es el Gobierno. Los grandes afectados de la revolución obrerista han sido los trabajadores.
¿Fedecámaras apoya la queja que Polar introdujo en la OIT?
Polar es una empresa que está en organizaciones que hacen vida en Fedecámaras como Cavidea y presentó una queja en la OIT. Acompañaremos la queja porque creo que está bien sustentada. Se persigue, se intimida al presidente de Polar Lorenzo Mendoza, no le dejan discutir contrato, la OIT cree más en la contratación colectiva que estos laudos que está imponiendo el Gobierno. Pero esta es una queja distinta a la de Fedecámaras.
Ha venido señalando que es necesaria la reforma de la Ley del Trabajo. ¿Cree que hay condiciones para una discusión de este tipo?
La relación entre los trabajadores y los empleadores es lo más importante después de la Constitución. Regula la posibilidad de que una sociedad avance o retroceda. La Ley del Trabajo que está vigente no fue discutida ni con los trabajadores ni con los empleadores. Reto al Gobierno a que muestre las propuestas que evaluó, eso fue una cosa entre gallos y media noche, entre politiqueros de oficio. Es una ley perjudicial para los trabajadores, no ha creado bienestar. Bienestar no es una inamovilidad laboral que ha tenido como consecuencia trabajadores sin ganas de mejorar, de prepararse, que les quitan oportunidad a otros. Estamos conscientes de que se requiere un verdadero diálogo social que en algún momento tendremos que hacer realidad.
Fuente: Prodavinci