Eloina Pérez, representante de Fedecámaras en la OIT, en su discurso ante la Comisión de Aplicación de Normas:

El Gobierno de Venezuela incumple la obligación prevista en el Convenio No. 122 de consultar a los representantes de los empleadores y trabajadores, para formular la política de empleo. Lamentablemente, FEDECAMARAS, a pesar de su incuestionable representatividad, por tener afiliadas a cerca de 300 Cámaras, no es consultada por el Gobierno a ningún efecto hace 17 años. El argumento del Gobierno de que sostiene una consulta amplia con todos los sectores no justifica la exclusión de FEDECAMARAS. Esa pretendida consulta no se ha hecho nunca de manera formal; nunca se ha documentado o registrado. La actitud displicente del Gobierno hacia el diálogo social legítimo y efectivo que propugna la OIT, tiene de nuevo su expresión en la flagrante violación del Convenio 122, donde el Gobierno falla en el establecimiento de una política de empleo coordinada, que permita a quienes busquen trabajo, emplearse de acuerdo a su capacidad, en aquella actividad productiva que elijan libremente y obtener de ella los ingresos que le permitan una vida digna. Los resultados saltan a la vista.

El país presenta 2 años consecutivos de recesión económica. En 2015, el Producto Interno Bruto se contrajo en 5,7% que, sumado a la contracción de 4% de 2014, arrojaría una caída de casi 10% en 2 años. La inflación oficial de 2015 fue de 180%, la más alta en la historia del país y la más alta del mundo también. Reconocidos economistas estiman que la inflación de enero a abril ya alcanzó 169%, lo que daría un índice acumulado anual, abril 2015- 2016, cercano al 400%. Mientras tanto, el poder adquisitivo del venezolano se ha pulverizado. A pesar de haber aprobado el Gobierno en los últimos 2 años 7 incrementos del salario mínimo, éste se encuentra muy por debajo del valor de la canasta básica familiar, que subió en el último año en 480%, para un valor al día de hoy de 370 dólares aproximadamente, calculado a la tasa oficial de cambio DICOM. El salario mínimo del trabajador hoy está cerca de 27 dólares mensuales, lo que equivale a 92 centavos de dólar diario. Se requerirían así, casi 14 salarios mínimos para cubrir la canasta básica. Señalaba el Director General en su Informe, que en la Agenda 2030 se tomó como indicador de pobreza extrema un ingreso diario de 1,25 dólares, cifra ínfima que Venezuela ni siquiera alcanza y que lleva a la familia venezolana a niveles precarios de subsistencia.

Por otro lado, cómo podemos hablar de un salario digno cuando el Gobierno ha venido desalarizando el ingreso mensual del trabajador. El 60% del ingreso mínimo mensual obligatorio carece de naturaleza salarial y no genera los beneficios de la protección social. En cuanto a los empleos, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de abril de 2016, el empleo formal del sector privado acusó una fuerte disminución frente a una creciente desincorporación de la fuerza de trabajo al proceso productivo. A marzo de 2016, se perdieron 282.400 empleos formales vs. 2015. El único crecimiento se observó en los trabajadores por cuenta propia, cuyo número subió en 7,20% y en la informalidad, que generó 56 mil ocupados adicionales. De modo que, vamos en contramarcha: de la formalidad hacia la informalidad. La población económicamente activa bajó de 65% a 63%; y la inactiva aumentó en 563 mil personas, pasando de 35% a 37%, lo que es inusual y revela una desmotivación para buscar trabajo.

El número de empleadores se redujo en 110.000 en 2015. Si asumimos que el motor principal para generar empleo es la inversión, vemos que en el último año y medio, cerca de 40 empresas, con inversión extranjera en Venezuela, reconocieron pérdidas en sus balances por casi 9 mil millones de dólares por sus operaciones en el país. Muchas se han retirado y otras se han reducido al mínimo. Lo más grave es que esta ausencia de una política coherente de empleo en Venezuela ha traído un enorme crecimiento de la pobreza. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), producida por un grupo de reconocidos académicos de varias Universidades del país, el índice de pobreza pasó de 53% en 2014 a 76% en 2015; representando 23 millones de habitantes, de un total de 31 y, la pobreza extrema más que se duplicó, pasando de 25% en 2014 a 53% en 2015, representando 15 millones de habitantes que no llegan a comer 2 veces al día. Los programas sociales del Gobierno denominados Misiones no llegan a atender, cada uno de ellos, a más de 2 millones de personas.

En el sector de alimentos, la producción bajó un 22% de enero a abril. Según la Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras, la producción de 16 rubros vegetales y de carne de pollo, cerdo y bovina descendió de 2009 a 2015, en un 47,7%. Gran número de plantas productoras están inoperativas por falta de materias primas, con riesgo de perder 200 mil empleos directos adicionales y 1 millón de empleos indirectos, sólo en el sector alimentos. Adicionalmente, las fallas en los servicios públicos de electricidad y agua, impactan la operatividad de las empresas, al suspender sus actividades en las horas de racionamiento fijadas por el Gobierno. Por su parte, las oficinas gubernamentales laboran sólo lunes y martes por la mañana (8 horas semanales) y los colegios públicos y privados, de lunes a jueves. Además de las limitaciones arriba indicadas, al sector privado se le asfixia con el control de precios; el control de cambio; se le persigue y se le criminaliza; no se le asignan las divisas para adquirir las materias primas para producir y se le obliga a vender a pérdidas.

La situación se agravó más aun cuando, a partir de enero de 2016, el Gobierno decretó un Estado de Excepción por Emergencia Económica que suspende las garantías constitucionales en materia económica por 240 días, despreciando la consulta formal con los poderes públicos legítimamente constituidos y con los actores sociales, convirtiéndose así la excepción en la regla. En este régimen, se establecen nuevas medidas represivas contra el sector empleador, contemplando el uso de la fuerza pública y la participación de grupos civiles sin forma jurídica, denominados Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP’s) para la distribución de alimentos. Con ese entorno, Sres. de qué política de empleo estamos hablando? Cómo puede un país así generar crecimiento económico? Cómo puede sostenerse el empleo y generarse nuevos puestos de trabajo? Cómo pueden los empleadores garantizar su sostenibilidad o su existencia? Para asegurar el trabajo decente es vital contar con la inversión, pero primero hay que sostener a las empresas.

Lamentablemente, donde no hay confianza no hay inversión. Y donde no hay inversión no hay empleo; y esa es la triste realidad que está exhibiendo hoy Venezuela. Tristemente, es el pueblo venezolano el que está padeciendo carestía y hambre y ojalá ésta no llegue a ser utilizada también como instrumento político. Es evidente que no existe una política sana para fomentar el empleo decente en Venezuela y, mucho menos, se cumple con el diálogo que exige el Convenio 122. Precisamente, esta Comisión de Aplicación de Normas el año pasado, hizo un llamado al Gobierno a instalar una Mesa de Diálogo con FEDECAMARAS y los trabajadores. En el Consejo de Administración del mes de marzo, el Gobierno de Venezuela presentó ante la OIT una propuesta para conformar la Mesa de Diálogo y un cronograma de reuniones. A casi 3 meses del planteamiento, el Gobierno aún no ha cumplido su compromiso. Por el contrario, el Presidente de la República continúa diciendo públicamente que no dialogará con FEDECAMARAS. Tampoco fue convocada FEDECAMARAS al Consejo Nacional de Economía Productiva designado por el Presidente en el mes de enero, el cual no muestra mayores avances.

Sres., para poder generar un cambio positivo para el futuro de Venezuela, urge que el Gobierno, trabajadores y empleadores lleguemos a consensos básicos para la adopción de medidas concretas dirigidas a garantizar el empleo y el crecimiento económico del país. El sector empleador, y FEDECAMARAS como su principal representante, no cesa de mostrar su empeño en participar en el diálogo social, pero no sabemos hasta dónde tiene que llegar el padecimiento de los venezolanos, para que el Gobierno entienda la necesidad de dialogar y así poder cambiar el rumbo hacia el crecimiento económico y convertir al trabajo decente en la principal herramienta para alcanzar el progreso social y la erradicación de la pobreza. Creemos que las condiciones del país están dadas para justificar el apoyo de esta casa, activando su contribución y mecanismos de persuasión para lograr el cumplimiento en Venezuela especialmente del Convenio 122 y también del 144, en lo concerniente al diálogo social. En FEDECAMARAS queremos trabajar y contribuir en la construcción de una Venezuela próspera y pujante y allí estaremos, porque somos venezolanos y no nos vamos; porque es momento de construir país y futuro y seguiremos en el esfuerzo, en el trabajo honrado y con el orgullo de ser empresarios, en la lucha por avanzar hacia una senda de progreso y bienestar para todo el pueblo venezolano.

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